La Junta Electoral Central ha desestimado la denuncia del Partido Popular en la que acusaba al presidente del Gobierno de Pedro Sánchez de utilizar medios públicos para "comprar votos", al considerar que la aprobación del PERTE agroalimentario, que movilizará 1.000 millones de euros de recursos públicos, fue un acto electoralista al haberse lanzado en plena campaña en Castilla y León.

Según argumenta la Junta Electoral, el contexto en el que fueron emitidas, las declaraciones del presidente del Gobierno en Nijar (Almeria) mantuvieron un "nivel razonable de neutralidad institucional y estaban circunscritas al ámbito específico y concreto de la visita a una planta geotérmica ubicada en Andalucía, por lo que, aunque los proyectos que mencionó el presidente son de ámbito nacional, no cabe deducir que las mismas hayan tenido una incidencia apreciable en el proceso electoral autonómico de Castilla y León".

La Junta Electoral Central entiende que no se ha producido una vulneración de la prohibición establecida en el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), y a la vez recuerda que la existencia de un proceso electoral en curso no interrumpe el funcionamiento normal de las administraciones públicas.

Además, la Junta Electoral también desestima la denuncia relativa a la publicidad que se da a los acuerdos adoptados en Consejo de Ministros en la página web oficial de Presidencia del Gobierno.

Por otra parte, también se desestimado el recurso interpuesto por Soria Ya contra el acuerdo del presidente de la Junta Electoral de Castilla y León, por el que se resuelve la reclamación presentada por el Partido del Progreso de Ciudades de Castilla y León frente a la utilización de denominaciones en el proceso electoral.