La Cámara de Comercio, Industria yServicios de Ávila ha retomado con fuerza su trabajo después de que en julio iniciara una nueva etapa. De hecho esta misma semana se reunía el Comité Ejecutivo y aprobaba su presupuesto, pero además en este tiempo ha querido hacer una encuesta entre el empresariado valorando cómo está afectando al sector el Plan de Ahorro y gestión energética y tanteando opiniones sobre el curso que se inicia con el fin del verano, esa vuelta a la normalidad.
Pues bien, de ese sondeo que ha llegado a 75 empresas y autónomos de la demarcación abulense, y al respecto de lo que está por venir se extrae como conclusión que éste se presenta «difícil»y es que ya prevén dificultades para los próximos meses. En palabras del presidente de la institución cameral, Alberto Pascual: «La adaptación de las empresas a la nueva normativa energética llega en un escenario de incertidumbre y especialmente delicado, sobre todo por el contexto inflacionista que estamos viviendo en los últimos meses».
Basándonos en la encuesta, que se ha elaborado en las últimas semanas, y sobre el futuro inmediato, «el 70% fija en la inflación (39.02%) -y su repercusión en el coste de materiales- y el descenso del consumo (31,14%) las mayores preocupaciones de cara al próximo curso empresarial». A ello se unen otros aspectos en negativo como «la liquidez para hacer frente a pagos periódicos, las posibles dificultades para el suministro de materiales, la desinformación al consumidor, la viabilidad para mantener a la plantilla de trabajadores o la existencia de subvenciones públicas efectivas como escollos a tener en cuenta».
En este último punto, consultados sobre la línea de ayudas de hasta 5.000 euros por beneficiario anunciada por la Junta de Castilla y León para aliviar los gastos a los que tengan que hacer frente las empresas para ajustarse al Plan de ahorro y gestión energética, el 64% tilda de acertada la medida, aunque solo el 22% reconoce su intención de adherirse. Con todo ello, y a modo de conclusión, el 91,1 de las empresas participantes en la encuesta espera un curso «más difícil» que los anteriores por solo un 8,9 que considera que será «como otros años» pese a la problemática actual.
Cabe destacar, según recoge un comunicado enviado por la Cámara de Comercio respecto a esta encuesta que, con ella, se quería conocer de primera mano cómo está afectando a los empresarios la nueva normativa del Plan de ahorro y gestión energética en climatización para reducir el consumo. Una medida puesta en marcha por el Gobierno central el pasado 10 de agosto y que regula, entre otras cosas, la temperatura en los negocios, ya que limita a 27 grados el aire acondicionado en verano y a 19 la calefacción en invierno, pero también restringe los horarios del alumbrado de los escaparates. En este sentido el sondeo refleja «una clara disconformidad» con el plan.
De hecho en opinión del presidente de la institución cameral, Alberto Pascual, «entre las principales conclusiones se desprende el descontento mayoritario ante la nueva normativa, 'innecesaria' en opinión del 64% de los encuestados. Además, el 55% considera que el Plan de Ahorro influirá negativamente en los beneficios de su negocio durante los próximos meses», asegura, al mismo tiempo que destaca y agradece «la gran acogida» de la encuesta desde todos los sectores del tejido empresarial.
Los resultados reflejan que el 66,7% de las empresas y autónomos sondeados considera un «problema grave» para sus clientes y trabajadores la nueva normativa de regulación de temperatura, una de las medidas de más impacto que contempla el artículo 29 del RDL 14/202.
Junto a esta limitación, el plan de ahorro gubernamental incluye, recuerda la institución cameral en un comunicado, la obligatoriedad de apagar los escaparates y alumbrados de los comercios a partir de las 22 horas, un aspecto también negativo para la mayoría de las empresas encuestadas. Un 75,6% lo considera un «perjuicio general» para los comercios abulenses, que de forma unánime han echado de menos un mayor consenso por parte del Gobierno a la hora de implantar estas medidas. El 84% asegura que el ejecutivo «no ha actuado bien» a la hora de impulsar la nueva normativa dado el contexto actual y el 100% lamenta que no se haya consultado lo suficiente, especialmente aquella que pueda requerir una inversión importante como el cierre automático de puertas.
En este sentido, si bien solo el 32% prevé tener que afrontar un gasto para adecuar sus instalaciones, un 55,6% considera que la entrada en vigor de las nuevas medidas repercutirá negativamente en sus beneficios durante los próximos meses. En referencia a la cuantía de las reformas a realizar, el 50% cifra la inversión necesaria entre 3.000 y 6.000 euros, el 35% en menos de 3.000, el 7,5% en más de 6.000 y el otro 7,5 restante eleva la previsión a más de 10.000 euros.
Además, como otra muestra del descontento generalizado que ha provocado la puesta en marcha de este Plan de Ahorro Energético, la encuesta arroja que el 91,5% de las empresas y autónomos consultados cree que el Gobierno «no ha dado margen suficiente» para adaptarse a la nueva legislación.