La primera jornada de huelga de los letrados de la Administración de Justicia «paralizó» la actividad en seis juzgados de Ávila y provincia este martes. Según detallaron desde el sector, seis de los quince profesionales (antiguos secretarios judiciales) que prestan sus servicios en la capital abulense y otras localidades de la provincia secundaron el paro convocado en el ámbito nacional para exigir al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos de mejora de las condiciones laborales cerrados el año pasado, en un conflicto que mantienen con Justicia desde hace meses. El seguimiento fue, por tanto, del 40% en Ávila, un porcentaje que se quedó por debajo de los alcanzados en provincias cercanas, como Salamanca, donde el 60% de los letrados hicieron huelga, Valladolid, León y Palencia, con el 80%, o como Segovia, donde se alcanzó un seguimiento «del 100%».

Con ocho profesionales designados para realizar servicios mínimos, desde el colectivo se explicó que éstos abarcaron algunos procedimientos inaplazables, los cuales se mantuvieron, mientras que dejaron de celebrarse juicios, apoderamientos, subastas y declaraciones de investigados y tampoco se emitieron mandatos de pagos de indemnizaciones y multas por parte de los letrados que sí secundaron el primer día de huelga.

La portavoz de los letrados de la Administración de Justicia de Ávila rechazó las declaraciones emitidas por el Secretario de Estado de Justicia, que habló de una huelga «política» y que «llegó a insultarnos, llamándonos golpistas», de ahí que desde el colectivo se pidiera su cese. En este marco, la ausencia de acercamiento entre las dos partes apunta a que la huelga va a continuar. «Dice que han cumplido los acuerdos pero no es cierto», destacan los profesionales, que siguen denuncinado  «los incumplimientos» en materia de mejoras retributivas y estatuarias y, por lo tanto, continúan reclamando que se cumpla lo acordado con el Ministerio de Justicia el año pasado.

Según se trasladó cuando empezaron las movilizaciones, entre las promesas olvidadas estarían actualizar el régimen retributivo de este cuerpo, vinculándolo proporcionalmente al de la carrera judicial, mejorar el régimen de sustituciones, el reconocimiento de planes concretos de actuación entradas y registros y aprobar las relaciones de puestos de trabajo del Registro Civil, así como la adopción de un nuevo estatuto orgánico eliminando la necesidad de consolidar la tercera categoría.