La pandemia desatada por el SARS-CoV-2 sumió en el caos a todo el planeta, pero especialmente complicados fueron los primeros meses en los que apenas se conocía nada sobre un virus nuevo que amenazaba a la humanidad. Los esfuerzos del mundo se pusieron entonces en intentar frenar su avance con medidas profilácticas con la esperanza de que la ciencia hiciera su magia y lograra un medicamento, una vacuna, una pócima que terminara con la pesadilla desatada en aquel infausto marzo de 2020.

La protección personal se convirtió en la única herramienta relativamente alcanzable para que los sanitarios atendieran a los centenares de pacientes que llegaban cada día a los hospitales y la carencia de los mismos llevó a convertir China en un «mercado persa» donde la mercancía era para el mejor postor. Fue precisamente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la que usó ese calificativo para referirse a las compras de material sanitario en el país asiático que posteriormente han puesto en entredicho a su hermano, Tomás Díaz Ayuso.

En aquellos días de drama y desesperación se firmaron muchos contratos que se irán conociendo conforme pase el tiempo. Prueba de ello es que la semana pasada, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella ante los juzgados de instrucción contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por cobrar comisiones millonarias al «inflar» el precio de la compra de material sanitario para la pandemia que costó 10,8 millones de euros al Ayuntamiento de Madrid tras firmar tres contratos con la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de la capital. Ahora, ambos están acusados de los delitos de «estafa agravada; falsedad en documento mercantil; y blanqueo de capitales, sin perjuicio de que la calificación pueda variar «en el momento procesal oportuno» y tendrán que comparecer ante el juez el próximo día 25.

Tras el embargo de los bienes de lujo que ambos empresarios adquirieron tras la operación, presuntamente para blanquear las comisiones conseguidas, -desde un yate a varios coches de lujo, relojes o un piso de más de un millón de euros en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón-, Medina asegura que no teme lo que pueda pasar, ya que el contrato que firmó tanto su socio como él es «legal». 

«La Fiscalía, ya sabes, son todos de izquierdas y así actúan. En este caso lo que buscan es si mi socio y yo le pagamos a algún político para conseguir los contratos. No hay nada de eso, estoy tranquilo», apuntaba el hermano menor del duque de Feria.

«Me dedico al comercio internacional, he conseguido con un amigo material sanitario para el Ayuntamiento de Madrid cuando más se necesitaba durante la pandemia, tengo un contrato perfectamente legal, he cobrado por mi gestión. No hay irregularidad alguna», agregaba en declaraciones a un periódico nacional. 

En el sumario de 3.000 folios en el que aparecen los nombres de Medina y Luceño los fiscales agregan que el material que importaron no solo tenía unos precios desorbitados, sino que, además, era de una calidad pésima. Cobrar comisiones millonarias por adquirir material sanitario a precio de oro mientras los sanitarios se jugaban la vida por salvar a los pacientes cuando había casi mil muertos al día, puede que sea legal, pero también amoral.

Aunque este caso ha sido el más mediático en los últimos días, Anticorrupción sigue la pista de al menos otros 12 contratos que sumarían 300 millones de gasto público y que podrían poner en evidencia que la pandemia no sacó la mejor cara de todos.