El Gobierno en funciones de Castilla y León se prepara para hacer frente a la crisis humanitaria que la invasión de Ucrania supondrá y ya ha activado los resortes internos para canalizar esa ayuda, tanto en la acogida de refugiados como en la movilización de dinero público. La reunión de la comisión interconsejerías de la Junta celebrada ayer sirvió para coordinar las acciones que el Ejecutivo autonómico tomará ante la crisis humanitaria de Ucrania, y anunciaron que la Junta de Castilla y León aportará fondos, junto a otras comunidades autónomas, a través de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo Internacional al Desarrollo, y ofrecerá sus recursos para acoger a los refugiados que puedan llegar a la región. Unas partidas presupuestarias extraordinarias para las que el Gobierno en funciones tendrá que modificar el decreto de la prórroga de los presupuestos con el objetivo de flexibilizar la capacidad de acometer estos gastos por esta crisis.
El consejero de la Presidencia en funciones, Ángel Ibáñez, compareció junto a la de Familia, Isabel Blanco, y recordó que tras la invasión rusa de Ucrania el presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ya anunció un primer grupo de medidas que quería poner en marcha y ofreció recursos para colaborar en la medida las posibilidades ante esta situación.
Para ello, el Ejecutivo regional ha pedido a todos los consejeros que activen todos los mecanismos necesarios para su puesta a disposición del Gobierno de España para colaborar en la crisis humanitaria que ya ha supuesto la celebración de diversas reuniones y contactos con distintos ministerios y departamentos como la Secretaría de Estado de Migraciones o la Aecid. Así, de «de modo inmediato» para todo lo que tenga que ver con los mecanismos de ayuda humanitaria que puedan ser necesarios en un primer momento, la Junta ha ofrecido su colaboración para, junto con otras comunidades, activar un convenio de acción humanitaria que permitiría hacer una aportación económica aún sin determinar.
Refugiados
El consejero también explicó que se ha mantenido una reunión con la Secretaría de Estado de Migraciones en relación a una fase posterior al conflicto relacionada con los posibles desplazados por la guerra, que se cifran ya en cerca de 700.000 a través de las diversas fronteras, incluido el espacio europeo, lo que va a permitir su libre movilidad. En este punto, Ibáñez expuso que en España viven unos 120.000 ucranianos, de los cuales 1.400 están en Castilla y León (algo más del 1%), y hay un mecanismo de la comunidad ucraniana para intentar colaborar con sus propios compatriotas, trayendo gente a Castilla y León, pero que el Gobierno de España quiere gestionar a través de un mecanismo centralizado de acogimiento.
Así, se prevé que esta semana, como anunció el Gobierno de España, se active este instrumento que permite generar unos mecanismos de protección inmediata para todas las personas desplazadas que se pudieran acoger en Castilla y León, que siempre ha estado «a la altura de las circunstancias» ante una crisis humanitaria. En este marco actuará, por un lado, en el ámbito de personas que se puedan acoger directamente a través de los mecanismos establecidos por el Gobierno para familias o adultos y, por otro lado, que va a suponer un «especial esfuerzo», que es el relacionado con menores que no tienen protección o tutela legal a su llegada.
Menores no acompañados
A este respecto, Isabel Blanco quiso profundizar en las diferentes situaciones que se puedan dar, como la llegada de familias que puedan hacerlo a través de los cauces oficiales y la otra a través de la propia comunidad ucraniana, que contará con necesidades como la tramitación de papeles, residencia, obtención del estatus de refugiado, etcétera, además del acceso a servicios públicos, para lo que se les apoyará y se organizarán los recursos necesarios.
El segundo grupo, «más delicado y diferente», son los menores que puedan llegar con sus madres cuando los padres se queden en Ucrania o los menores extranjeros no acompañados que lleguen solos, ante los que s actúa de manera diferente. Así, en el primero de ellos, recordó que hay que poner a su disposición recursos sanitarios y vacunación o la escolarización que sea necesaria, pero en el segundo son menores no acompañados, que supone el inicio de expedientes para localizar a su familia y que entren en el sistema de protección de servicios sociales. Blanco, que ofreció todos los recursos que sean necesarios, expresó su preocupación por que muchos jóvenes de 16 o 17 años, que en España son menores a todos los efectos, no son considerados así para algunas cosas en Ucrania. «No es ofrecer una residencia, no es ofrecer un colegio mayor, es ofrecer todo un sistema de protección», explicó la consejera, quien pidió a los desplazados que entren por los cauces oficiales para poder ayudarles de la mejor manera posible.