En menos de un mes, en concreto el 7 de marzo, finaliza el plazo dado por el Gobierno para que todas las empresas que superen los 50 trabajadores en plantilla cuenten con un plan de igualdad, en cumplimiento de lo recogido en el Real Decreto 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación. Una obligación, recuerda Óscar García Barroso, secretario de CCOO Ávila, planteada «de forma progresiva» teniendo en cuenta que las sociedades con mayor plantilla ya tuvieron un periodo transitorio, los años anteriores, para la elaboración y aprobación de planes de igualdad.
Así, las empresas que contaban con plantillas de entre 100 y 150 empleados tuvieron hasta el 7 marzo de 2021 para implementar la medida, mientras que las que contaban con entre 151 y 250 dispusieron para ello hasta el 7 de marzo de 2020. Y las de más de 250, estaban obligadas desde 2007, explica el responsable provincial de CCOO, que recuerda que la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en su artículo 45 recoge que «las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, con los representantes legales de los trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral».
Y pese a que desde hace ya más de una década que se viene obligando a las empresas a establecer medidas negociadas para respetar la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres lo cierto es, como apunta García Barroso, que «a día de hoy, en Ávila, pocas empresas cumplen con el mandato». De hecho, según cálculos de Comisiones Obreras, de las 24 empresas que deberían tener el Plan de Igualdad aprobado a día de hoy solo 11 cumplen con la normativa.
Precisa así mismo el responsable del sindicato CCOO en Ávila que las administraciones públicas no están exentas de la obligatoriedad del mandato, poniendo como ejemplo el caso del Ayuntamiento de Ávila, que si bien en su día sí cumplió con esta premisa en la actualidad «cuenta con un plan de igualdad caducado desde el año 2017».