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Menos verde y más verdura

M.H. (SPC)
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Ante la situación actual, tanto desde el Ministerio de Agricultura como desde Bruselas se contempla flexibilizar ciertas medidas medioambientales de la nueva PAC para asegurar una producción suficiente de alimentos

Menos verde y más verdura

El aspecto estrella de la nueva Política Agraria Común (PAC) es sin duda su vocación ambientalista. Las medidas para proteger el medio, como los ecoesquemas, serán una constante hasta que finalice esta nueva PAC en 2027 y se verán reflejadas en las estrategias 'De la granja a la mesa' y 'Biodiversidad'. Pero, por lo que parece, tendrán que esperar para entrar en vigor con toda su fuerza dada la situación actual en Ucrania, que no está provocando, de momento, situaciones de desabastecimiento, pero sí está tensando los mercados ante la ausencia de exportaciones desde los puertos del Mar Negro, en los que se mueve uno de los volúmenes de grano más importantes del mundo.

Esta decisión viene a confirmar lo que organizaciones agrarias y otros muchos actores del sector llevan denunciando muchos meses: esas medidas ambientalistas serán estupendas para la naturaleza, pero van a mermar la producción, algo que actualmente la Unión Europea no se puede permitir. Desde COAG, hace ya un año largo, se acusaba a la UE, a raíz de la nueva PAC, de convertir a los agricultores profesionales en "los jardineros de Europa", aludiendo a que da más importancia a la manera de producir que a la producción en sí. La organización agraria consideraba «inquietante» que la PAC «se aleje de su verdadero objetivo, generar alimentos en cantidad y calidad suficiente para los 500 millones de ciudadanos europeos».

Pues bien, parece ser que las circunstancias actuales han conseguido que Bruselas tome conciencia de esta realidad, porque la Comisión Europea tratará de acordar ciertas exenciones a las obligaciones de carácter ambiental que impone la Política Agraria Común (PAC) para responder a la necesidad de aumentar la producción en respuesta a la guerra en Ucrania, según explicó a primeros de semana el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski. El comisario añadió que tratará de convencer al colegio de comisarios europeos de conceder esas exenciones en 2023 para ayudar a aumentar la producción y responder a la situación creada por la guerra.

Menos verde y más verduraMenos verde y más verdura - Foto: Alberto Rodrigo«Tenemos que tener presente el problema de la seguridad alimentaria en el mundo», señaló el comisario, que aseguró que la mayoría de países europeos apoyó que haya una exención de la condicionalidad en las rotaciones de cultivo y zonas no protegidas. Dijo que defenderá esa petición para que los países puedan aumentar su producción el próximo año. Ello podría ayudar a compensar la falta de grano derivada de la guerra en Ucrania, dijo el comisario, que subrayó que los objetivos ambientales de la PAC, consagrados en las estrategias 'De la Granja a la Mesa' y de 'Biodiversidad' seguirán vigentes a largo plazo.

«A corto plazo hay que potenciar la capacidad de producción y a largo plazo ser resiliente» dijo el comisario, para quien «no hay contradicción» en el planteamiento. También el ministro de Agricultura de Francia, Marc Fesneau, cuyo país ocupa la presidencia de la UE este semestre, señaló que hubo entre sus homólogos un gran respaldo a la idea de extender ciertas derogaciones de 2022 a 2023 por estar en «una situación de crisis».

En la misma reunión de ministros de Agricultura de la UE en la que Wojciechowski hacía este anuncio, el titular español del ramo, Luis Planas, remaba en la misma dirección: «Es muy importante mantener el rumbo estratégico de esta nueva PAC desde el punto de vista de la sostenibilidad, pero, como siempre ha defendido España, sostenibilidad no está reñida con competitividad empresarial y, por tanto, tenemos que adoptar aquellas medidas que sean necesarias desde el punto de vista de la flexibilización de la aplicación de la PAC para tener en cuenta el contexto actual».

Menos verde y más verduraMenos verde y más verduraEl ministro consideró que sería «bueno que durante este verano, por parte de la Comisión Europea», tras mantener discusiones con España y con otros estados miembros, se tuviera «una idea certera sobre lo que va a significar de cara a las siembras de otoño-invierno» esta posible flexibilización, que recalcó que es «necesaria».

En cuanto a la situación de los mercados agrarios, Planas destacó un escenario caracterizado por «precios al alza» y «una tremenda volatilidad». «Es muy importante que tengamos datos certeros sobre las siembras y sobre las próximas cosechas, sobre su realidad dentro y fuera de la Unión Europea», expuso. En ese sentido, señaló que la estimación de la cosecha mundial de cereales se sitúa en 2.250 millones de toneladas, lo que será «aproximadamente 40 millones de toneladas más bajo que en la campaña anterior». «Pero debería ser suficiente para alimentar al conjunto de la población. España producirá, probablemente, entre 21 y 23 millones de toneladas en ese contexto. Pero el gran problema no es ese, sino la disponibilidad y los precios altos», constató.

Ante el «problema de precio» y el «problema de volatilidad en los precios», opinó que la «transparencia de los mercados y las medidas que podamos adoptar a nivel internacional son absolutamente clave», haciendo referencia, entre otras cosas, a estas exenciones que harán en política medioambiental.

Respecto a las dificultades de abastecimiento que se están sufriendo actualmente, el ministro admitió que existen «algunas opciones» alternativas que son «limitadas», así como «de volumen inferior y dificultad superior». «Es verdad que están saliendo algunos barcos provenientes de Constanza (Rumanía) o algún otro de otra proveniencia, de algún otro origen, pero es verdad que la situación es muy, muy compleja de resolver», asumió. Recordó que ha habido «contactos por parte de Turquía, por parte del Secretario General de Naciones Unidas», António Guterres, con Rusia, y que Ucrania solicita «garantías de que esa circulación (de barcos) y el levantamiento del minado del puerto de Odesa no sea un riesgo de seguridad». Reconoció no saber «en qué medida» Naciones Unidas está en condiciones de dar a Ucrania esas garantías.

Durante la reunión de ministros de Agricultura, el comisario Wojciechowski también pasó revista a la situación en Ucrania y explicó que aunque la prioridad número uno es sacar el grano bloqueado a través de los puertos del Mar Negro, algo en lo que trabaja la ONU, dadas las dificultades existentes la UE busca alternativas para que llegue a los mercados lo más rápido posible, en línea con lo expuesto por Planas. Y, según fuentes comunitarias, anunció la puesta en marcha de una plataforma de intermediación, cuyo objetivo es unir fácilmente a las empresas de la UE y Ucrania. La plataforma permitirá a los comerciantes encontrar soluciones para exportar el grano y otros productos agrícolas, así como para suministrar los insumos necesarios a Ucrania.

Bruselas está examinando además la posibilidad de dar ayudas directas a los pequeños agricultores, según las fuentes.

El pasado marzo, la Comisión Europea ya dio luz verde a la flexibilización el uso de los terrenos de barbecho en el marco de la Política Agraria Común (PAC) para la siembra de cultivos y aprovechamiento de pasto con el objetivo de incrementar la producción de ciertas materias primas. En el caso de España, se pensaba que esta flexibilización generaría un aumento de la superficie cultivada de maíz y girasol, pero en el primer caso los costes de los fertilizantes y de la electricidad necesaria para bombear el agua de riego han hecho que se hayan cultivado incluso menos hectáreas que en años anteriores, sobre todo en ciertas zonas en las que se trata de una siembra muy arraigada. El girasol, sin embargo, que no precisa de abonos ni de riego, sí ha crecido en superficie durante esta campaña.

Una oportunidad.

Planas expuso también que, sobre los planes estratégicos enviados a la Comisión Europea en los que los países especifican cómo van a aplicar la nueva Política Agrícola Común, se mantienen «contactos técnicos» con Bruselas y que Agricultura enviará en julio «el texto definitivo». «Esperamos que este verano esté aprobado», confió.

El ministro ha explicado que la elaboración del Plan Estratégico para la aplicación de la PAC en España se ha basado en estudios previos de cada sector y subsector de la agricultura y la ganadería, para conocer qué necesidades tiene cada uno. Según Planas, ese análisis constituye «el diagnóstico más completo del sistema agroalimentario español». Ha afirmado que el Gobierno busca conciliar rentabilidad y sostenibilidad ambiental, «en lo que denomino sostenibilidad competitiva».

Se trata, ha dicho, de un único Plan hecho para beneficiar a la gran clase media de la agricultura y ganadería de España, que son las explotaciones familiares y profesionales, y que son «las que necesitan más apoyos». La nueva PAC atiende la petición de Andalucía de aplicar el pago redistributivo según las regiones de ayuda básica. Para ello, ha defendido los beneficios del modelo de 20 regiones acordado para establecer la ayuda básica a la renta. Este modelo va a permitir, entre otras cosas, diferenciar a las explotaciones que tienen diferente estructura productiva.

 

Cooperativas y UPA ven "positivas" estas excepciones.

El director general de Cooperativas Agro-alimentarias, Agustín Herrero, ha recordado que es una medida que venían solicitando y que les parece «muy positiva en este momento, ya que está comprometido el abastecimiento alimentario y es necesario que se garanticen las necesidades de alimentos en todo el mundo». Herrero ha enfatizado que las condiciones de estas exenciones deben conocerse «cuanto antes, a más tardar a finales de julio», porque el ciclo productivo se inicia tras el verano y los agricultores necesitan conocer si pueden hacerlo, y en qué cultivos. El representante de Cooperativas ha dicho también que hay que revisar los plazos previstos para la puesta en marcha de las estrategias medioambientales 'De la Granja a la Mesa' y de 'Biodiversidad', con el fin de evitar una aplicación que no ha tenido en cuenta las consecuencias de la guerra.

Por su parte, el secretario de Relaciones Internacionales de UPA, José Manuel Roche, ha indicado que la iniciativa del comisario europeo es «positiva» y que su organización venía reclamándola antes de la guerra porque «la UE estaba desprotegiendo sus producciones, primando más la forma de producir que lo que se produce». «Una situación como la que tenemos encima ha puesto de manifiesto la deficiencia que tiene la UE en la producción de cereales y la dependencia que tiene de terceros países, en este caso Ucrania. Las exenciones favorecerán que haya mayores producciones y menos dependencia», ha dicho Roche. En representante de UPA ha pedido también que las medidas se apliquen lo antes posible para que los agricultores tengan capacidad de organizarse de cara a la próxima campaña de siembra, que comienza en octubre.