Hace cuarenta y cuatro años no era, como hoy, festivo y no laborable. Tampoco era martes, sino miércoles y los colegios estaban abiertos, pero no para dar clase a la generación que sería la del COU y la EGB, sino que en las aulas había urnas para recibir los votos de un referéndum, el segundo en democracia pues durante el franquismo hubo dos para aprobar en 1947 la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado y en 1966 para aprobar la Ley Orgánica del Estado. Aún con ello la palabra referéndum se puede decir que era inédita. Quienes hoy tengan salud recordarán que bien porque, ya, eran mayores de edad bien porque acompañaron a sus padres los españoles como un todo votaron la norma destinada a ser la fundamental del Estado.  
Aquel día en Ávila votaron 105.832 abulenses (sobre un censo de 145.742 electores) a la pregunta ¿Aprueba el Proyecto de Constitución? El apoyo fue del 89,5% (dos puntos más que la media nacional, pero no fue de los más altos del país). Ávila por aquel entonces tenía su impronta política en lo más alto. Era el territorio donde se redactó el texto constitucional y lugar de nacimiento (posteriormente su morada) del presidente del Gobierno. 
Ese referéndum fue visto de diversa manera según los territorios y la población llamada a votar. UCD con la amplia y confiante sonrisa de Suarez, bajo el lema la constitución de la concordia reivindicó el SÍ. El PSOE (construir el futuro está en tu mano) y el PCE (democracia avanzada para la reconciliación) con esas rubricas se conjugaron con el voto favorable. La coalición popular (AP-PDP y Liberales) pidieron la abstención, mientras Fuerza Nueva pidió el NO. ERC y el resto de formaciones de izquierdas e independentista se sumaron a un voto negativo en el que continúan con sus desplantes anticonstitucionales, pero viven de aquel referéndum de todos.
Hoy se vota el mañana. Era el denominador común en los titulares y artículos de los medios de comunicación de aquel momento. Ese mañana es el día de hoy, un día inhábil del calendario que permite enlazar con un puente festivo que parece lo único que ha quedado de aquella consulta popular. Ver como desde la tribuna del Congreso algunos de los representantes (deleznables, dependientes y demagogos…) de ese mismo pueblo que fue llamado para votar aprueban leyes que no están mejorando sustancialmente la convivencia, generan desigualdades y cambian el dinero de todos –presupuesto– por el perdón penal de muy pocos convierte aquel referéndum en lo más alejado a lo que hoy debería asegurar tener un Estado de Derecho. 
Los delitos que se tipifican en el Código Penal son también una constitución. Constitución negativa que surge también de esa soberanía popular, hoy traicionada. El Código Penal –adaptado a los valores constitucionales– tutela los valores y principios básicos de la convivencia social –cuando esos valores y principios cambian, la penalidad debe también cambiar–. La realidad que los actuales dirigentes no quieren da respuesta es en qué han variado los valores constitucionales (indisoluble unidad de la Nación española) para anular ciertos delitos y penas. Frente a normas incriminatorias basadas en la constitución votada, en este mañana de hoy y en apenas cuatro decenios el imperio de la ley se invierte para regular supuestos de no incriminación. El texto constitucional nunca se ha considerado como norma perfecta, pero si útil.