La Consejería de Fomento y Medio Ambiente avanza en la tramitación de los informes ambientales que exige la normativa para aprobar el futuro Plan de Carreteras de Castilla y León, que tomará el relevo del actual, que concluye en diciembre, tras verse afectado por la crisis económica de 2008. El nuevo se diseñará para un periodo de diez o 12 años en un momento también marcado por el impacto de la covid-19. Según informaron a Ical fuentes del departamento de Juan Carlos Suárez-Quiñones, se está trabajando en la elaboración del Documento Estratégico de Inicio y de un borrador previo, documentación que exige la legislación ambiental antes de poder aprobar un plan de carreteras para la Comunidad. Ambos, una vez sometidos a los trámites ambientales, servirán para redactar el documento de alcance del Estudio Ambiental Estratégico.

De esta forma, Fomento calcula que a mediados del próximo año 2021 estará finalizada la tramitación de estos informes, momento en el que la Consejería podrá entonces iniciar ya la redacción del propio Plan de Carreteras, que deberá tener en cuenta las indicaciones ambientales, la de ordenación del territorio, así como las necesidades que se detecten en el análisis de la red autonómica. Este borrador será el que utilice la Junta para recoger, además, las aportaciones del resto de administraciones.

Para ello, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente tiene previsto abrir un proceso de consulta con las diferentes administraciones públicos o entidades interesadas, que continuará con el proceso de información público y con los que determine el órgano ambiental en sus informes preeliminares sobre el alcance y las características del futuro plan de Carreteras de Castilla y León para la próxima década. De forma, el departamento de Suárez-Quiñones afronta otro gran proyecto, junto al de armar el nuevo modelo de transporte público de viajeros por carretera, con este nuevo programa inversor que planificará el desarrollo de infraestructuras viarias en Castilla y León, tras casi 12 años en los que la Comunidad ajustó las partidas para concentrarlas en la conservación y mantenimiento, aparcando la obra nueva para un periodo de bonanza económica.