El Pleno del Consejo de Cuentas de Castilla y León ha dado luz verde al proyecto de Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio 2023, propuesta que ha sido trasladada al Parlamento autonómico para su aprobación, tal como establece la normativa. La nueva programación prevé 29 nuevos informes e incluye 20 fiscalizaciones del plan anterior, actualmente en elaboración. Así, con el PAF 2023 la actividad del Consejo de Cuentas alcanzará este año un total de 49 fiscalizaciones, implicando todos sus recursos en la ejecución de los trabajos.

En lo que concierne a la provincia de Ávila, el Consejo incluye en su plan de trabajo varias fiscalizaciones especiales, una de las cuales abordará los contratos de transporte urbano de los ayuntamientos de Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora en 2022. La Diputación, por su parte, será objeto, junto a otras instituciones provinciales, de una fiscalización sobre los contratos para la prestación del servicio de ayuda a domicilio durante el anterior ejercicio. 

Otros de los trabajos previstos en la hoja de ruta del Consejo son el estudio del nivel de prestación y asistencia de esta y el resto de las diputaciones a los pequeños municipios en la etapa 2019-2022; el análisis de las actividades y servicios prestados por las mancomunidades locales; el estudio del cumplimiento de la normativa en materia de planes de igualdad por parte del Ayuntamiento; el seguimiento de las recomendaciones recogidas en los informes del Ayuntamiento y el análisis de las medidas sobre ahorro energético adoptadas por distintos municipios, un trabajo que se realizará en colaboración con el Tribunal de Cuentas.

La provincia también será objeto del análisis provincializado en los trabajos sobre el Fondo de Compensación Interterritorial 2022 y en el informe anual del sector público local 2022, ambos trabajos elaborados todos los años por mandato legal. En la actualidad el Consejo elabora distintas auditorías que afectan a la provincia, como es la referente al impacto en la situación económica-financiera del sector público local de las reformas en el impuesto de plusvalía, etapa 2017-2022; el impacto producido en el sector público local por la suspensión de las reglas fiscales, etapa 2018-202; la situación de los ayuntamientos más incumplidores de la obligación de rendición de cuentas o la contratación realizada por la Diputación en 2021.