En un Estado de Derecho, con la fórmula de la Democracia constitucional, para la convivencia pacífica y respetuosa con la suma de opciones políticas en positivo, podemos considerar como natural la juridificación de la política en el equilibrio de la división de poderes, tan natural en todo Estado democrático: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Es nuestra opción de convivencia al amparo de la norma fundamental en un Estado Social y Democrático de Derecho, para que la representación política, en una democracia parlamentaria y con la fórmula política de la Monarquía Parlamentaria, a) se colabore con la lealtad constitucional; b) se mantenga la soberanía popular, y c) la garantía de los derechos sin sobresaltos en la ciudadanía. 
En estas cosas de la diversidad de opiniones políticas, en lo social y en la política de cada día, se enriquece el acervo documental, como señala el diccionario RAE: conjunto de valores o bienes culturales acumulados por tradición o herencia, y hasta en su dimensión comunitaria: conjunto de prácticas, decisiones y criterios con los que se han venido interpretando y aplicando los tratados constitutivos de las Comunidades Europeas. 
En nuestra dimensión política ciudadana, las reglas de la acción política parten de nuestra opción occidental asentada en las lecciones aprendidas en nuestra historia europea, occidental, con la presencia de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano (la podemos ver en la web), que sigue como base ideológica, sumada a la necesidad de actuar con lealtad a la Constitución democrática. 
La lealtad constitucional requiere respetar la suma de opciones sociales políticas para construir la casa social común de la convivencia, en el respeto de la Cultura nacional con sus raíces en las culturas de los pueblos que han entrado en la historia, nuestra, con la geografía y azares de la vida desde se ha tenido noticia de antepasados, por aquí y por allá dejando sus huellas y presencias, y la visión de nuestra historia con la perspectiva de los siglos transcurridos en vida real, atesorada en la formación política y social de nuestra nación, sus leyes, personajes reales en la forja de la cultura que nos define singularmente y comunica con más de 572 millones de hispanohablantes, un 7,8 por ciento del mundo mundial comunicándonos.
La lealtad constitucional tiene su gran valor para la convivencia, nos ha permitido iniciar y culminar la transición a nuestra presencia real entre las sociedades democráticas. Esta lealtad con nuestras reglas de la convivencia con la dimensión plural autonómica, social y territorial, nos ayuda en el encuentro de las reglas políticas para convivir, sin que nadie oculte nuestra realidad pasada y presente, tan necesaria para saber cómo dotarnos con las reglas sociales para que la paz social siga presente.
La lealtad política tiene que contribuir con la acción social para que no se olvide el poder de la voluntad de los ciudadanos, como garantía del funcionamiento de las cosas de la Nación, en la que todos somos compatibles, en una sociedad de todos para todos, sin que nos cambien el software (está en el diccionario RAE) en el lugar que nos ha tocado; las cosas de la vida en sociedad. La lealtad nacional viene a ser la legitimación popular, constitucional, para caminar con tropezones (no de jamón) y riesgos para la convivencia, sin errores del hacer y deshacer el tejido social; vivir bajo la lealtad constitucional que nos arrope y cobije, contra todas las aventuras ciegas de opciones autoritarias alejadas de la lealtad nacional y constitucional común que hemos decido tener, como regla para no perder nuestra historia real, sin necesidad de adivinanzas ni acertijos sobre el futuro visionado por agüeros (adivinos en pueblos supersticiosos; vean nuestro diccionario) y sus sortilegios, que reaparecen en política; y sin tener que acudir a la botica para recuperar la salud de nuestra convivencia política.