Castilla y León registró 2.578 ataques de lobo a lo largo del año 2020, de los que el 58,22 por ciento (1.501) se produjeron en la provincia de Ávila, según los datos facilitados por la organización profesional agraria Unión de Campesinos en Castilla y León (UCCL).
Así lo reveló el miembro de UCCL, Jesús Muñoz, en una rueda de prensa celebrada en la sede de la opa en Valladolid, en la que desgranó el resto de ataques por territorios de la Comunidad, que lidera, tras Ávila, la provincia de Segovia, con 465 ataques, seguida por Zamora (209), León (147), Salamanca (140), Palencia (56), Burgos (31), Valladolid (16) y Soria (13). De todo ello se extrae que las tres provincias que se encuentran al sur del Duero en la Comunidad aglutinan el 81,7 por ciento, más de cuatro de cada cinco ataques.
Es por ello que, desde UCCL, reclaman no solo la recuperación de la catalogación como animal cinegético del lobo al norte del Duero, en contraposición a su reciente inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, sino que dicha categoría cinegética se extienda al sur del Duero, donde la multiplicación de ataques se debe tanto a la explosión demográfica en esta zona como a la «falta de preparación para un manejo del ganado adecuado» a este respecto.
No obstante, y debido a la alta presencia del animal en la Comunidad, que en UCCL cifran en 1.600 cánidos de los 2.500 existentes en España, se considera que el hecho de que el Ministerio incluya al lobo como especie protegida «se sale de madre» porque los ganaderos «están teniendo bajas increíbles», lo que demuestra que «la Administración se ha equivocado con la introducción del lobo en el Lespre», generando con ello «un problema muy grande.
Lucro cesante
Además, Jesús Muñoz también hizo hincapié en el problema que los ganaderos tienen con las cantidades percibidas por los ataques, ya que «ahora se cobra unos 390 o 400 euros por ternero perdido» cuando estos animales «valdrían mucho más dinero en el mercado».
Por ello, desde UCCL reclaman a la Administración que empiece a afrontar el lucro cesante en las indemnizaciones para que los ganaderos no tengan que recurrir a la Justicia, donde se están obteniendo «más de 2.000 euros por ternero por la vía judicial», pero donde no todos los ganaderos acuden «por miedo a posibles represalias». Por último, Muñoz también denunció los problemas que se están derivando de la multiplicación de fauna salvaje como jabalíes, corzos o ciervos, porque «no solo acaban con los cultivos, sino que afectan a la ganadería», por lo que pidió su regulación y un cambio en la política de caza porque «de lo contrario, al final los agricultores y ganaderos tendremos que irnos porque habrá una invasión total de la fauna salvaje».