La Red Transnacional Atlántica (RTA) exige que la próxima revisión de la Red Transeuropea de Transportes (TEN-T) y sus corredores debe garantizar la interconexión entre las redes básica y global para la accesibilidad a todos los territorios, especialmente a las zonas periféricas y rurales de la Unión Europea, cuyo desarrollo económico y social depende de la calidad de la infraestructura de transporte.

Así lo recoge el documento ‘Hacia una revisión de la TEN-T para el espacio atlántico’, presentado ayer en una jornada programada por el Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León y que abrieron el presidente de esta institución, Enrique Cabero, y el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

De esta forma, la propuesta RTA en sus ocho prioridades pide la finalización de las obras pendientes comprometidas, si bien considera que el objetivo de tener ejecutadas las obras de la red básica en 2030 no debe suponer que se abandonen o suspendan las de la red global (2050), ya que considera que irá en contra de objetivos tan importantes como la cohesión territorial o la necesidad de una mayor capilaridad.

Asimismo, los miembros de la RTA consideran necesario adaptar las infraestructuras TEN-T para mejorar la conexión con el resto de Europa, en particular a través de un mejor enlace con la red global. Así, creen importante completar el eje actual y buscar la complementariedad de la intermodalidad entre la carretera, el ferrocarril y los puertos.

En concreto, demanda el desarrollo de las autopistas ferroviarias entre Portugal, España y Francia y agilizar las conexiones transfronterizas entre País Vasco y Francia, y entre Galicia, Castilla y León y Extremadura con Portugal. También pide acabar con el aislamiento de zonas, para lo que pide completar el Corredor Atlántico con las conexiones entre Andalucía, Extremadura y Castilla y León a través de la Ruta de la Plata. También ve necesario completar las conexiones de Normandía, Bretaña, País del Loira y Nueva Aquitania y más al norte, las transfronterizas entre los puertos de Irlanda y los del norte y noroeste de Francia.

Fechas y presupuesto

El presidente del CES de Castilla y León, Enrique Cabero, aseguró que «no puede ser que el proyecto del Corredor Atlántico se diluya en el tiempo» y demandó fijar fechas y presupuestos «realistas» para ejecutar las actuaciones previstas para 2030 en la red básica y en 2050 en la global. Esto, añadió en declaraciones recogidas por Ical, ayudará a generar oportunidades, combatir la despoblación y ayudará a frenar el cambio climático.

Cabero destacó la importancia de completar la electrificación de las redes ferroviarias para reducir la huella de carbono, las infraestructuras ferroviarias y portuarias para reducir costes en un escenario en el que destacó la fachada atlántica gana importancia y el comercio se potencia con la apertura del nuevo canal de Panamá y la vinculación con África. Además, recordó el impacto del Brexit.

Por ello, reclamó una nueva política para el transporte, como el eje fundamental y el soporte básico de la actividad, que tenga en cuenta el pacto verde europeo y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Todo ello, indicó, exige un esfuerzo público y privado para conseguir un transporte más adaptado a la realidad, para que sea menos contaminante y ofrezca cohesión a los diferentes territorios.

Incluir el Corredor Central en la próxima revisión

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, defendió durante la jornada la incorporación del corredor Central, que a través de Burgos y Madrid, conecta los puertos de Bilbao y Algeciras (Cádiz), en la próxima revisión de la Red Transeuropea de Transportes. En todo ello, destacó, es «capital» el apoyo del Consejo Económico y Social de Castilla y León, la institución que organizó el foro, para conseguir redefinir los reglamentos europeos, porque aseguró que es «muy importante» para la Comunidad por su ubicación «privilegiada», que la convierte en un «punto de conexión singular». De hecho, destacó los 117 millones de toneladas de mercancías que circulan cada año por Castilla y León, lo que supone el once por ciento del total nacional.