La Junta de Castilla y León adoptó hoy un acuerdo por el que inadmite el segundo requerimiento aprobado por el Consejo de Ministros y remitido por el Gobierno de España sobre la invasión de competencias por parte de la Comunidad en relación a la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo, recogida en la ley orgánica de 2010.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, informó sobre la decisión tomada mediante un acuerdo en el que se argumenta que no ha aprobado ninguna acción o norma en esta materia.

El Ejecutivo autonómico responde así al requerimiento aprobado este martes por el Gobierno de España ante las informaciones sobre las medidas de atención a las mujeres gestantes, que presentó hace una semana el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, y que vinculó con el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.