Juicios pospuestos, indemnizaciones y pensiones de alimentos sin cobrar, bodas y divorcios cancelados y desahucios paralizados son solo algunas de las consecuencias de la huelga indefinida que los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) iniciaron el pasado 24 de enero. Un paro para reclamar mejoras salariales y laborales, cuyos estragos en la actividad de los tribunales cada vez van a más -provocando ya la paralización de decenas de miles de resoluciones, vistas, declaraciones y comparecencias en los juzgados de toda España-, del que a continuación se abordan las claves.
Quiénes son
Llamados hasta 2015 secretarios judiciales, son un total de 4.300 licenciados o graduados en Derecho, funcionarios del subgrupo A1 de la Administración Pública, con un sueldo que va de los 39.000 a los más de 60.000 euros brutos al año, sin contar los complementos variables, según consta en el Ministerio de Justicia.
Las asociaciones convocantes del paro son el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ).
Sus funciones
Desde 2010 y tras sucesivas reformas legales, los letrados han ido asumiendo nuevas funciones, como admitir a trámite las demandas y ejecutar separaciones y divorcios de mutuo acuerdo y otros actos de conciliación.
Estas y otras tareas se suman a las que ya les correspondían previamente: dirigir la oficina judicial, acordar las resoluciones en los procedimientos que no corresponden a los jueces, dar fe de las actuaciones judiciales, ejercer como secretarios de las juntas electorales, informar a las víctimas de delitos y hacer la estadística judicial, entre otras.
Qué reclaman
Sus principales reivindicaciones son una cláusula de enganche a la ley de retribuciones de jueces y fiscales para que los letrados nunca cobren menos del 85 por ciento respecto a estos dos operadores jurídicos, siempre que tengan la misma antigüedad, y que su sueldo no sea menor en las poblaciones pequeñas.
También exigen obtener un ámbito de negociación colectiva propio. «El Ministerio negocia nuestras condiciones laborales con los sindicatos de funcionarios, donde los letrados somos claramente minoritarios, sin que dichos sindicatos hayan defendido nunca nuestros problemas», argumenta Juan José Yáñez, miembro del comité convocante del paro indefinido.
Ministerio de Justicia
El secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, que tacha la huelga de «política» y acusa a sus impulsores de «endiosamiento», sostiene que solo queda por cumplir una de las 11 reivindicaciones planteadas por las asociaciones -la revisión del complemento de productividad-, por lo que considera «fuera de lugar» sus peticiones salariales, cuando sus retribuciones van a crecer de media un 14,76 por ciento en tres años.
Asimismo, considera que es una «casualidad» que los paros indefinidos se hagan precisamente este año electoral, pese a que, según los propios trabajadores, «llevan muy cabreados desde 2009».
«El derecho a la huelga está en la Constitución y me parece perfecto, pero se está perjudicando seriamente a los ciudadanos», apuntó Rodríguez, señalando que se están posponiendo citas programadas desde hace meses de bodas o procedimientos abiertos desde hace cuatro o cinco años.
Cómo afecta el paro
Los letrados intervienen en todos los pasos de los procedimientos judiciales: no se puede admitir ningún escrito ni señalar o celebrar ningún juicio o comparecencia si el funcionario está de huelga indefinida y no se trata de actuaciones esenciales.
Así, desde que comenzara el paro, se han dejado de dictar «un millón de resoluciones»; se han suspendido más de 70.000 vistas y «decenas de miles de declaraciones y comparecencias de todo tipo», y hay unos «250 millones de euros (de la administración) bloqueados», según los datos de los letrados, que aseguran que el seguimiento de la huelga está siendo mayoritariamente masivo.