Los procuradores del PSOE critican los retrasos de la Junta

Redacción
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Miguel Hernández y Soraya Blázquez instan al Gobierno de Fernández Mañueco a poner en marcha el Plan para fidelizar profesionales sanitarios, entre otras medidas pendientes

Los procuradores del PSOE critican los retrasos de la Junta

Los procuradores socialistas por Ávila, Miguel Hernández y Soraya Blázquez, acusan a la Junta de Castilla y León de "no atender las necesidades de los abulenses", y mediante una nota de prensa enviada a esta Redacción, instan al Gobierno de Fernández Mañueco a poner en marcha el Plan para fidelizar profesionales sanitarios, entre otras medidas pendientes

En ese comunicado de prensa los parlamentarios autonómicos del PSOE de Ávila afirman que"mientras el Gobierno de España piensa en las familias y aprueba medidas para contener la inflación, la Junta se dedica a la caza de comunistas y ecologistas sin preocuparse de las necesidades de los abulenses, en materia de sanidad o servicios sociales, entre otros".

Es por ello, que el grupo parlamentario socialista presentó, al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "una serie de medidas entre las que destaca la inversión de 14 millones de euros para la puesta en marcha de un Plan de captación y fidelización de profesionales sanitarios", según recuerdan Miguel Hernández y Soraya Blázquez.

"Además, está pendiente de aplicar un fondo comprometido, desde hace tiempo, de 68 millones para los agricultores y ganaderos. Algo que tampoco han cumplido como tampoco han cumplido buena parte de las medidas contempladas en el Pacto por la Reconstrucción firmado en 2020, en el que se establecía la necesidad de convocar becas extraordinarias por valor de 8 millones de euros e incrementar las ayudas para las rentas de estudiantes de FP o Bachillerato, así como duplicar los complementos de beca del Gobierno para los estudiantes universitarios", comentan.

Por último, los socialistas reclaman, además, que se dote una nueva partida autonómica de las ayudas para gastos básicos de las familias más vulnerables, una vez que se ha agotado la reservada para este 2022, a la vez que contraponen el modelo de protección a las familias del Gobierno de España frente "a una Junta de Castilla y León enredada en disputas internas que culpa a los demás de todos los males".