La Junta de Castilla y León se impondrá la obligación del uso de áridos reciclados en las obras públicas promovidas por la Administración autonómica, con una serie de porcentajes mínimos en función del tipo de obra de que se trate. Así lo recoge el borrador consultado por Ical del futuro decreto que regula la producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición.

En concreto, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio indica en el texto, que todavía tiene que completar su tramitación antes de ser aprobado por el Consejo de Gobierno, que la Junta y sus empresas deberán incorporar la utilización de áridos reciclados procedentes de plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición, donde sea técnicamente y ambientalmente posible.

De esta forma, en las obras nuevas de edificación se exige que el dos por ciento del total de áridos sean reciclados, un porcentaje que se eleva hasta el tres por ciento en los proyectos de rehabilitación de carreteras. Sin embargo deberá el diez por ciento en la construcción de carreteras, aeropuertos, caminos, pistas forestales y otros pavimentos. El mismo volumen se exige en los trabajos de urbanización, zanjas, conducciones, obras de abastecimiento y saneamiento, así como en la instalación de redes de telecomunicaciones y suministro eléctrico.

El Consejo Económico y Social advierte de que se establece una exención en el caso que, de forma justificada, se presente en el proyecto o en el certificado final de obra, sin que se especifiquen las razones, lo que para la institución puede generar inseguridad jurídica en la interpretación de la norma.

Igualmente, este nuevo decreto incluye se introduce la obligación de separar las distintas fracciones de residuos en las operaciones de construcción y demolición; se establece una nueva fórmula de cálculo de las fianzas para gestores de residuos de construcción y demolición y se introduce un anexo sobre métodos de muestreo y ensayo de residuos.

Recomendaciones

El CES ve una oportunidad para Castilla y León en el impulso de materiales naturales, como es el caso de la construcción con madera. "Estas soluciones pueden tener un impacto positivo en las zonas amenazadas por la despoblación, en la cohesión territorial y en la neutralidad climática", señala.

Además, demanda que se aumenten los esfuerzos en la innovación e investigación en el uso de los residuos de construcción y demolición, para apoyar su desarrollo e implementar las mejores técnicas disponibles, "ahorrando costes y ejerciendo un uso más eficiente de los recursos".

Por ello, el CES recomienda que en la Comunidad se impulse el Grupo de Trabajo de Amianto, compromiso establecido en el VI Acuerdo para la Prevención de Riesgos Laborales, pero que todavía no se ha constituido. Además, exige el cumplimiento de todo lo referente al control y diagnóstico de este contaminante.

Finalmente, el Consejo Económico y Social plantea la posibilidad de iniciar los trámites para la realización del estudio sobre las condiciones y los valores límite para que la Comunidad pueda otorgar la condición de fin de residuo a los áridos reciclados, aunque reconoce que no podría incluirse en este decreto, ya que quedaría fuera de su ámbito de aplicación.