La Red de Protección a las Familias de Castilla y León atiende a 174.000 familias y destina más de 220 millones de euros anuales. ¿Teme un aumento considerable de esta cifra como consecuencia de la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania?

Las cifras son similares a las del año anterior. Tuvimos eso sí un repunte durante la pandemia porque fue necesario atender a muchas familias que se quedaban en sus casas por el confinamiento y es verdad que en el año 2021, esas cifras se incrementaron. Después se han ido reduciendo, aunque detectamos otras necesidades por los incrementos de los costes de la energía tan elevados. Por todos estos motivos, las ayudas de emergencia en Castilla y León van aumentando. Yo creo que no es tanto por la influencia que pueda tener la guerra de Ucrania como por la inflación y los costes energéticos.

¿Cree que se pueden crear nuevas necesidades? ¿Ha aumentado el número de beneficiarios del bono social?

Detectamos que para algunos ciudadanos suponía una gran dificultad hacer frente al encarecimiento de las hipotecas, porque la subida de los intereses repercutía directamente en las familias de clase baja y media. Muchas veces nos centramos en la clase más vulnerable, pero es verdad que hay una clase media que en ocasiones solo necesita un empujón para poder salir adelante. Por eso pusimos en marcha una serie de ayudas de emergencia que se convalidaron en las Cortes a través de un decreto con un incremento de tres millones de euros. Al estar aprobado por decreto lo que significa es que tanto para las ayudas de este año como para las del año que viene se ha incrementado el nivel de renta para poder acceder a las mismas y también las cuantías que se destinan. En el mes que llevan en marcha han sido 114 los expedientes nuevos de ayudas tanto para la negociación de la hipoteca como para aquellas personas que necesitaban el pago de la cuota hipotecaria. Esa es una de las primeras necesidades que estamos detectando. Además, las cantidades que se abonan por el bono eléctrico han aumentado así como el espectro de los usuarios de ese tipo de ayudas.

Pese a estas medidas, el último informe Foessa reflejaba que uno de cada seis habitantes de la Comunidad se encuentran en exclusión social. ¿Qué más se puede hacer para que estas cifras se sigan reduciendo?

Son cifras más bajas que la de la media de España y eso es importante también ponerlo de manifiesto en un territorio tan disperso y amplio como es Castilla y León donde los servicios cuesta más prestarlos que en otras comunidades. Partiendo de que son cifras más bajas, es verdad que debemos hacer todo lo posible para combatir la pobreza infantil y en ello estamos trabajando. También vamos aprobando nuevas medidas, nuevas líneas de actuación en función de las necesidades que se van detectando. De hecho, el pasado verano aprobamos una herramienta como son los bonos de urgencia social, con lo que se afronta el incremento de la Renta Garantizada de Ciudadanía del 15%, pero es un instrumento que lo que pretende fundamentalmente es facilitar toda la tramitación de forma que, ante una necesidad puntual o en un momento dado, podamos dar una respuesta ágil.

Las ayudas de emergencia van aumentando por la influencia tanto de la inflación como de los costes energéticos"

Su Consejería cuenta para 2023 con 1.263 millones de euros, la cifra más alta de su historia, de los que una buena parte proceden de fondos europeos. ¿Cuántos proyectos se han puesto ya en marcha y cuáles son los planes para el futuro?

Hay fondos europeos, pero debería haber más por ejemplo, un programa que no nos otorgó el Ministerio de Inclusión que era de diez millones de euros. Los fondos vienen ya concedidos para unos proyectos concretos y fue el Ministerio el que marcó qué ejes se tenían que desarrollar y qué tanto por ciento se debían asignar a cada uno de ellos. Desde las comunidades presentamos proyectos concretos y el más importante incluía el modelo de atención residencial. Nosotros destinamos más de 150 millones de euros para obras y, dentro de la parte que correspondió a la Comunidad, el Ministerio otorgaba un 15% a las entidades locales, pero en la Junta decidimos que era necesario destinar un 20%, sobre todo a proyectos de accesibilidad y de residencias. Además, destinamos un 10% para las entidades del tercer sector, para que ellas mismas nos presentaran sus proyectos dentro del paquete que presentamos a la Unión Europa. Fuimos la única comunidad que lo hicimos así con el tercer sector. La partida más importante de los fondos europeos está asignada sobre todo a obras, en este caso en los centros asistenciales para adaptar el nuevo modelo de atención residencial que estamos poniendo en marcha.

¿En qué fase se encuentra la implantación de ese nuevo modelo de atención residencial?

Ya se realizó un pilotaje de este modelo que se venía implantando porque había centros residenciales que ya tenían unidades de convivencia. Lo que han permitido estos fondos es que, en todos nuestros centros o en su mayor parte, se vayan a realizar obras porque no todos los edificios de los que disponemos se pueden adaptar a ese nuevo modelo. De hecho, en dos provincias ha sido imposible poder adaptar la edificación por sus características, sobre todo porque se deben incrementar las anchuras de los pasillos o las dimensiones de las habitaciones, y estructuralmente no era posible actuar como es el caso de Ávila y de Zamora. De hecho, la licitación de la obra para la nueva residencia de Zamora ya se ha publicado la semana pasada y estamos pendientes de adjudicar la que se va a construir también en Ávila.

¿La ley de residencias será una realidad en 2023?

Nosotros seguimos con la tramitación de la ley de residencias, que se paró justo cuando se convocaron elecciones. A partir de ahí se sigue con la petición de informes y demás requerimientos ¿Fechas de la aprobación? Pues en muchas ocasiones ocurre lo mismo que con las obras, cuando tienen que emitir informes diferentes entidades, los plazos se pueden dilatar un poco más, pero esperemos que se pueda remitir a las Cortes en el primer trimestre de 2023 y aprobarla a lo largo del año que viene.

Nuestro reto está en facilitar los servicios y la atención pero manteniendo un sistema sostenible"

La pandemia cambió muchas cosas, pero sin duda a quien más golpeó fue a las personas más mayores. ¿Qué aprendió la Consejería de Familia de los meses más duros en las residencias?

Yo lo digo muchas veces, para mi o para lo que es el sistema, fue un punto de reflexión, nos enfrentamos a algo que nadie sabía lo que era, nos enfrentamos con las herramientas que teníamos en ese momento y ante situaciones que íbamos afrontando día a día. ¿Qué comprobamos? Cuando pasó la primera ola de la pandemia se constituyó un grupo de trabajo amplio para fijar el texto de ese nuevo modelo de atención residencial. Los centros que tenían unidades de convivencia funcionaron mejor que los que no lo tenían porque permitía aislar, y ya ese verano, en 2020, se lanzó una primera normativa con medidas relativas a protocolos que incluían diversos aspectos como por ejemplo que los centros debían tener unas dotaciones mínimas de EPIS, digitalizar todo el material disponible… A partir de ahí se fue trabajando en el nuevo modelo de atención residencial y en la eliminación de las sujeciones, y reforzando la atención centrada en la persona.

Debemos ser capaces de que las personas que viven en las residencias se sientan como en su propia casa. Te pongo un ejemplo de la residencia de Salamanca que en la actualidad se está equipando y está siendo más complicado porque contamos con ocho modelos diferentes de cabeceros, ocho modelos distintos de diseños de habitaciones... En definitiva, se trata de huir de la imagen institucionalizada y conseguir que estos centros residenciales, dentro de lo que son y que van destinados a personas muy dependientes, sean lo más personalizados posible y lo más parecidos a un hogar. En este sentido, la nueva ley lo que persigue es que los centros residenciales, dentro de ese modelo de atención en red, se puedan convertir en centros multiservicios. Se busca por un lado la integración del sistema, de todos los recursos, y también que los usuarios puedan permanecer el máximo tiempo posible en sus casas con garantías.

 ¿Cómo está funcionando ese modelo de atención en red en una Comunidad tan dispersa y con diferentes realidades como la nuestra?

El modelo de atención en red parte de una serie de pilotajes que se desarrollaron en buena medida gracias a los fondos europeos, porque parece que han llegado recientemente pero eso no es así, llevamos años con ello. De lo que se trata es de prestar esa atención a las personas mayores y a dependientes en sus domicilios, bien adaptando su propio vivienda, ya sea arquitectónicamente o los servicios que reciben. En aquellos ayuntamientos que disponen de viviendas, porque puede ocurrir que personas que quieran participar, sus domicilios no son adaptables o se marcharon hace mucho tiempo del pueblo y quieren regresar, se va a facilitar el alquiler de esas viviendas.

Ahí juega un papel fundamental las nuevas tecnologías, como la teleasistencia avanzada que estamos implantando ya en toda la Comunidad y que es gratuita para todos los usuarios que la soliciten. Pasamos del botón que tienen las personas a los sensores de movimiento, los detectores de humo, aparatos que controlan las pulsaciones…

Hemos adjudicado el nuevo contrato recientemente con una inversión 40 millones de euros en tres años. La teleasistencia por un lado es toda esa aparotología y por otro lado es todo ese seguimiento proactivo de la persona, ya que un profesional llama al usuario de forma periódica para conocer su estado pero también a los familiares o a los cuidadores. Al final son tres ejes de actuación: la atención domiciliaria, la atención en los centros residenciales, que tienen que pasar a ser multiservicios, y las nuevas tecnologías con todos los prototipos que estamos poniendo en marcha como los andadores inteligentes, las cabinas de ducha o incluso el desarrollo de la inteligencia artificial con un proyecto piloto que vamos a desarrollar en la residencia de Soria.

 ¿Cómo avanza el despliegue en todo el territorio autonómico?

La intención es extender todos los programas piloto a todas las provincias de Castilla y León durante esta legislatura. El modelo de atención en red se está desarrollando en la actualidad en comarcas o áreas de Zamora, Salamanca, Valladolid, Ávila, Segovia y se va a implantar a principios de año, en Palencia y en Burgos. Faltarían Soria y León, donde también a comienzo de 2023 se va a poner en marcha. El proyecto Intecum, de atención y apoyo a las personas en su propio domicilio hasta el final de la vida, no solo contando con cuidados paliativos, sino también con todos los servicios que necesiten, se probó en Palencia y la verdad es que los resultados fueron increíbles. De hecho ya está implantado en Zamora y Salamanca y a lo largo del año que viene se extenderá a toda la Comunidad.

Extenderemos los programas pilotos de atención en red a todas las provincias durante esta legislatura"

¿Cómo están siendo los resultados?

Muy buenos, las personas quieren quedarse en su casa, algo que no es fácil en una Comunidad como la nuestra. El reto está en facilitar los servicios y la atención pero manteniendo un sistema sostenible, ya que hay personas que no pueden quedarse en su casa y necesitan una residencia. Ese es el gran reto; ser capaces de conjugar todo ese sistema y eso somos pioneros en España. Se habla muchas veces de desinstitucionalización, pero esto es imposible porque hay mayores o dependientes que necesitan estar en una residencia. De lo que se trata es de que esas residencias sean lo más parecido a un hogar y que cuando una persona decida permanecer en su vivienda, reciba los cuidados adecuados. Se trata de que las dos vertientes o los dos ejes converjan realmente en la atención centrada en la persona para darles los que ellos nos piden, lo que ellos realmente necesitan.

Para ofrecer todos estos servicios de los que estamos hablando se necesita numeroso personal. ¿Existen problemas para cubrir todas las plazas necesarias para ofertar estos servicios?

Tenemos problemas para encontrar a personal sanitario, sobre todo médicos y enfermeras para los centros asistenciales, pero no es un problema solo de Castilla y León, es un problema nacional. Aún así debemos insistir en que la atención está siempre garantizada. En el caso de los programas de atención en red si se ha detectado que no hay personal para prestar esos servicios de asistencia. Por este motivo, en Zamora hemos puesto en marcha el proyecto Reto Zamora como pilotaje para intentar a atraer a residentes en Cuba y Argentina. El objetivo es darles una formación básica de 50 horas de asistencia personal y que puedan retornar. La idea es traerlos con un contrato de trabajo y que se puedan incorporar a la atención en red. Es verdad que existen problemas de personal y si funciona bien en Zamora, la idea es extenderlo donde sea necesario, porque hay un alto porcentaje ahora mismo de personas extranjeras trabajando en el sector asistencial.

¿En Castilla y león no hay personal suficiente que quiera dedicarse a este nicho de empleo?

Cuando tenemos que buscarlo fuera de la Comunidad es porque no encontramos aquí personal que se quiera dedicar a trabajar en la atención, aunque realmente es un nicho de empleo de futuro y también una manera de luchar contra la despoblación. En el modelo de atención en red, por cada 100 personas atendidas se generan 70 puestos de trabajo de los que 64 son de atención directa. Estamos hablando de un programa que ayuda mucho a luchar contra la despoblación, porque los mayores se quedan en sus municipios y también genera oportunidades de empleo en Castilla y León. Es verdad que es un sector de difícil cobertura, pero estamos trabajando para poner en marcha nuevas líneas que hagan que sea más atractivo.