El primero trimestre del año deja una importante reducción en Ávila de las denuncias presentadas por violencia de género y también de las órdenes de protección. Sucede en un primer trimestre que, según se reconoce desde el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, ha sido atípico al estar marcado por la crisis del coronavirus. Así se ve también a nivel nacional donde con la disminución en un 10 por ciento del número de denuncias registradas en los juzgados de violencia sobre la mujer y el descenso en un porcentaje similar, 9,8 por ciento. La declaración del estado de alarma el 14 de marzo ha repercutido en la actividad de los juzgados de violencia sobre la mujer, si bien ésta fue declarada esencial y no quedó afectada por la suspensión de los plazos procesales ni paralizada en ningún momento.

En el caso de Ávila, el número de denuncias presentadas en los tres primeros meses del año asciende a 67 frente a las 117 del pasado año. Es decir, hay un descenso de un 43 por ciento. De estas denuncias, 57 se presentaron contra hombres españoles y diez frente a extranjeros. También hubo como consecuencia tres menores tutelados.

Las denuncias llegaron acompañadas generalmente con un atestado policial, sin que hubiera ningún caso en el que la víctima o un familiar se dirigiera directamente a los juzgados. Aún así, respecto al total de denuncias, en 59 casos el atestado llegó con una denuncia de la víctima, tres de los familiares y en cuatro ocasiones por una intervención directa de la policía. No se presentaron partes de lesiones, sin embargo.

Entre las diferentes medidas de protección que se adoptan en estos casos, las órdenes de protección son las más comunes. Entre los meses de enero y marzo se incoaron en Ávila 19 (34 en 2019) de estas órdenes, de las cuales 17 fueron aceptadas y dos denegadas. Se presentaron 12 de ellas por mujeres españolas, siempre mayores de edad, y otras siete por extranjeras, también en todos los casos de más de 18 años.

Respecto a otras medidas que se adoptaron en estos meses desde la justicia, teniendo en cuenta que estos datos proceden del informe trimestral elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo más común es dictar una orden de alejamiento, lo que sucedió en 17 ocasiones. 16 veces se optó por la prohibición de la comunicación.

Además, según los casos se adoptaron medidas de privación de la libertad (solo en un caso), salida del domicilio, prohibición de volver al lugar del delito, suspensión de la tenencia y uso de armas, atribución de la vivienda, suspensión del régimen de visitas o la guardia o custodia de los hijos o prestación de alimentos, tomándose, por tanto, en los órdenes civil y penal estas medidas.