La tormenta creada por la aprobación y posterior aplicación por parte de los tribunales de la ley del 'solo sí es sí' está suponiendo un quebradero de cabeza para la ministra de Igualdad, Irene Montero, que se niega a rectificar; el Gobierno, que está dividido entre apoyar a la titular de Podemos o pedir la reforma de la norma; la judicatura, que ha exigido la dimisión de la ministra; y hasta las feministas, que no saben cómo manejar un texto que de facto está rebajando penas a delincuentes sexuales, como ha sucedido en los últimos días.
La bronca política en torno a la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual no mengua a la espera de que los tribunales asienten un criterio de actuación, aunque por el momento cada uno obra de manera dispar y en direcciones opuestas.
En principio, esa doctrina común podría comenzar a aclararse pronto, porque el Tribunal Supremo ya tiene sobre la mesa recursos de condenados por delitos sexuales en los que piden adecuar sus castigos a las penas contempladas en la nueva ley y empezarán a abordarlos en las próximas semanas.
Aunque desde el Alto tribunal dejan claro que hay que estudiar caso por caso, su posicionamiento se antoja clave para la interpretación de la norma por parte de los tribunales.
Hasta ese momento, a lo único a lo que se puede echar mano es al criterio que ha indicado la Fiscalía. El Ministerio Público emitió un decreto en el que ordena a los fiscales, en consonancia a lo indicado por Montero, que no se reduzcan las condenas porque haya bajado el mínimo que se puede imponer por el delito. Eso supone que solo se revisen fallos elevados que con la nueva ley ya no sería posible imponer, al quedar por encima del nuevo máximo legal.
Mientras tanto, la ministra de Igualdad mantiene su férrea posición, apoyada por un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que, por el momento, respalda la ley del solo sí es sí tal y como esta redactada.
Sin embargo, los ataques a la judicatura por parte de Montero no han cesado. La ministra insiste en que a los magistrados españoles les falta formación en perspectiva de género, algo que negó tajantemente la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, Ángeles Carmona, quien aseguró que las mujeres pueden estar seguras porque tienen «una sólida formación».
Incluso, algunos compañeros del partido morado fueron más lejos, como el diputado Javier Sánchez Serna, que calificó directamente a los jueces de «fachas con toga que quieren reventar cualquier legislación feminista».
Oposición frontal
El principal partido de la oposición, el PP, así como presidentes autonómicos del PSOE como Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), Javier Lambán (Aragón), Ximo Puig (Comunidad valenciana) o Adrián Barbón (Asturias) han cuestionado tanto la redacción de la ley como el trato a los jueces.
Mientras, desde el Gobierno piden prudencia, pero hasta sus aliados parlamentarios ven que es necesario retocar la ley para evitar «fisuras», como manifestaron ERC, PNV, EH Bildu y JxCAT.
Y se mantiene el silencio de la vicepresidenta, Yolanda Díaz, y del ministro Alberto Garzón, en tanto que el vicepresidente balear Juan Pedro Yllanes, juez y miembro de Podemos, salió en defensa de la judicatura ante las acusaciones de machismo.
En medio de este complejo debate, las víctimas se sienten desamparadas y contemplan atónitas, como algunos maltratadores ven rebajadas sus condenas e incluso son excarcelados gracias a una ley que supuestamente las iba a proteger aún más. Mientras, los agresores tratan de beneficiarse de un texto que sigue en entredicho.