La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), que preside el abulense Francisco Javier Hernández Varas, ha mostrado el malestar que existe desde la enseñanza concertada por que «no todos los españoles sean merecedores de las ayudas a la reconstrucción del país tras la pandemia».
En un comunicado de prensa, Hernández Varas ha manifestado que «alumnos, familias, profesores e instituciones educativas que forman parte de un servicio de interés público han sido segregadas incomprensiblemente», y ha recalcado que «las principales asociaciones de padres, sindicatos e instituciones titulares de la enseñanza concertada en el ámbito nacional denuncian la flagrante discriminación contenida en las conclusiones de la comisión para la Reconstrucción Social y Económica a una gran parte de la población española».
Hernández Varas insiste en que «las conclusiones aprobadas para el ámbito educativo suponen un claro agravio para el 25% de nuestro sistema educativo, es decir, para alumnos, familias y profesores, y pueden suponer la asfixia de instituciones que no tendrán medios para seguir manteniendo sus proyectos educativos». Unos proyectos que, según recalcan, son «integradores, equitativos, de calidad, accesibles para todos y que materializan la libertad de enseñanza, tal y como está concebida en nuestra Constitución y nuestro entorno democrático europeo».
Para el presidente nacional de FSIE, «la enseñanza concertada es una enseñanza social que refleja la pluralidad familiar, sociolaboral, económica, ideológica, cívica, cultural y religiosa de la sociedad española actual y no elitista como algunos pretenden hacer creer», y asegura que «excluirla es una clara segregación impropia de democracias europeas que promueven la libertad de enseñanza y la financian sin complejos para favorecer una libertad de elección real».
A su vez, asegura que «se está aprovechando la debilidad del PSOE para hacer avanzar el programa de extrema izquierda de Podemos en contra de un servicio que se presta tanto desde la enseñanza pública como desde la enseñanza concertada, tal y como reconoce la propia LOE (Artículo 108)». Y manifiesta que «la Comisión de Reconstrucción ha dado un paso preocupante que segrega a alumnos, familias, profesores e instituciones con una mayoría simple. Nos tememos que las conclusiones aprobadas sean el preludio de una futura ley de educación que adolece de la misma falta de consenso que sus promotores denunciaron en la LOMCE».
Finalmente, recalca que «familias, profesores e instituciones educativas están trasladando a nuestras organizaciones su enorme malestar ante esta situación, por lo que es nuestro deber seguir trabajando en defensa de sus derechos con todos los medios que estén a nuestro alcance, incluyendo movilizaciones o acciones jurídicas, siempre y cuando no se perciba un compromiso que, más allá de las palabras vacías, garantice que no se van a hurtar los derechos de millones de españoles».