Después de dos años de autoexilio, el rey emérito ha decidido venir a pasar unos días a España. Repasada la agenda, dedicará el triple de tiempo a ver a sus amigos y a regatear, si puede, que a ver a su todavía esposa, a su hijo y al resto de la familia. En cualquier familia real, que no Real, difícilmente sucedería algo así.

Paradójicamente, quien fue constitucionalmente símbolo de la unidad de España durante cuarenta años ha conseguido dividir a los españoles con su vuelta. Y la frontera no separa a monárquicos y republicanos, sino a ciudadanos y súbditos.

Los primeros, legítimamente molestos, expresan su malestar; los segundos, en su condición de súbditos, consideran que a un monarca hay que disculparle siempre cualquier cosa. Lo que hizo Juan Carlos fue indigno. A pesar de haber salido indemne de los procesos judiciales, por prescripción o por la especial protección que le concede una anacrónica inviolabilidad constitucional, conviene recordar que la justicia consigno hasta trece ilícitos penales imperseguibles por esas circunstancias, y que tuvo que realizar tres regularizaciones para no acabar procesado y condenado por un delito fiscal, como le sucedería a cualquier ciudadano.

También convendría recordar a estos monárquicos consentidores que no son los republicanos quienes minan la credibilidad de la institución, sino el emérito con su indigna actitud. Y que es el rey actual, su hijo, quien le retiró al padre la asignación pública, quien renunció a su manchada herencia y quien le ha dicho que si vuelve se tendrá que alojar fuera del palacio de la Zarzuela. Es decir, que quizás crean que poniendo la alfombra roja al emérito fortalecen la monarquía, pero lo único que hacen es dificultar el trabajo del actual rey y poner en riesgo el futuro de su heredera. Algo que no importará a los republicanos, sin duda, pero debería preocupar a estos súbditos tan apasionados.