Hacer que el transporte por carretera y en nuestras ciudades sea más limpio, con el fin de cumplir los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea para el periodo 2021-2030 y para contribuir a los objetivos del Acuerdo de París, obliga a que se empiecen a tomar medidas desde ya para adaptarse a esa circunstancia.

Eso implica, por una parte, que las administraciones adecúen las ciudades, los pueblos, las vías de comunicación a ese nuevo escenario que se presenta. También tiene mucho que decir la industria automovilística, para ofrecer modelos que se adapten a esa situación con unos precios competitivos. Y, por último, y fundamental, se debe producir un cambio de mentalidad en los ciudadanos para que entiendan que deben comenzar esa transición pero, a la vez, deben encontrar facilidades para que se pueda producir.

Difícilmente se podrá apostar por un parque automovilístico electrificado, y con cero emisiones, si no se encuentran suficientes puntos de repostaje y los vehículos carecen de una autonomía suficiente para poder desplazarse a distancias suficientemente largas que permitan realizar un viaje de una manera confortable.

Pasos se están dando, y empiezan a ser visible, aunque sería deseable que esa transición avanzase de una manera más rápida. Todos esos cambios de mentalidad no son sencillos, y obligan a llevar a cabo una terapia y una formación continua, que cale hondo para que no se den pasos atrás. Y esa transformación se debe hacer siendo conscientes de que es lo mejor para todos; para el planeta, pero también para los ciudadanos, para su salud y para mejorar sus condiciones de vida y la habitabilidad de ciudades y pueblos.

De momento, esa transición apenas es perceptible, si bien poco a poco los núcleos de población se van adaptando para cumplir con ese reto. En el caso de Ávila, y de la mano de Iberdrola, se están instalando un buen número de puntos de recarga que faciliten esa tarea. Pero esa transición no será efectiva si no viene aparejada de otras medidas, que permitan ver a los ciudadanos que apostar por el vehículo eléctrico (más allá de la obligación normativa) es apostar por un futuro mejor. Y eso no puede esperar. Pero se deben percibir más beneficios (económicos, sociales, medioambientales…) que aún no son evidentes, y ahí las administraciones, y fundamentalmente el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, creado precisamente para impulsar esa transición, debe abanderar esa tarea, con consenso y buscando la implicación de las comunidades autónomas y las entidades locales, para que todos avancen en la misma línea. Si no ese reto será complicado de que se cumpla.