Tras un final de 2022 presidido por un preocupante repunte de los casos de feminicidios, con un total de 13 mujeres asesinadas en el denominado 'diciembre negro', la tendencia, tristemente, parece prolongarse a lo largo del presente año. Así lo atestiguan los dos primeros asesinatos machistas de 2023 registrados este domingo cuando dos mujeres fallecían de forma violenta a manos de sus parejas en las provincias de Ciudad Real y Cádiz. Dos víctimas a las que hay que sumar el asesinato de una mujer por el hombre con el que acaba de mantener relaciones sexuales. Domingo negro. No hace falta convocar un comité de crisis para atisbar que la situación está lejos de mantenerse bajo control.

Las cifras de la violencia de género, el comienzo del recuento conduce a 2003, deja un reguero de 1.184 mujeres asesinadas, con cerca de 370 huérfanos (se contabilizan desde 2013). Si las 49 víctimas mortales de 2022 están lejos del año más dramático que fue 2008, con 76 fallecidas, en la última década se percibe un estancamiento con una media que se asoma al umbral de las 50 asesinadas cada año. 

Datos escalofriantes que coinciden con el periodo de mayor despliegue económico de las instituciones para combatir la violencia de género, campañas de formación y educación, y con un Pacto de Estado que felizmente supera diferencias partidistas, si no se incluye a aquellos que, con eufemismos de distinta índole como la violencia intrafamiliar, niegan una realidad tan tozuda como dolorosa.

Llegados a este punto de alarma, ante la actual deriva, tal vez sea momento, desde el sosiego y lejos de la confrontación, de evaluar el acierto de las actuaciones que se están llevando a cabo o, mejor, pensar en las que se podrían impulsar, conscientes de que, por mucho que se disponga y cualquier esfuerzo es poco, el riesgo cero no existe.

No se trata de hacer una enmienda a la totalidad de la labor del Gobierno contra la violencia machista pero sí de buscar fórmulas, sin cargar contra la labor de los efectivos policiales, para mejorar la protección de las víctimas (una veintena de las asesinadas el pasado año había interpuesto una denuncia previa). Tampoco se trata de poner el foco en la ley del 'solo sí es sí', cuyas nefastas consecuencias son conocidas con una rebaja de pena de la que se han beneficiado hasta 140 agresores.

Se trata, en definitiva, de trabajar desde la unidad de acción, sin derivar la responsabilidad al ministerio de turno, con el objeto de acertar con el destino de los fondos económicos, a buen seguro insuficientes, dedicados a combatir esta lacra. Ya puestos, tampoco estaría de más despojarse de la componente ideológica para involucrar al conjunto de la sociedad en algo que nos compete a todos, la lucha contra la violencia de género.