Las ejecuciones hipotecarias iniciadas en Castilla y León en el primer trimestre del año, coincidiendo con el inicio de la pandemia por el COVID-19, se redujeron en un 46,3 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, hasta un total de 132, mientras que a nivel nacional disminuyeron un 8,6 por ciento hasta las 4.656. Así lo refleja el informe ‘Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales’ publicado hoy por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y recogido por la Agencia Ical.
El mayor número de ejecuciones hipotecarias se dio en Cataluña, con 1.081, un 23,2 por ciento del total nacional; seguida de Comunidad Valenciana, con 915; Andalucía, con 784; y Madrid, con 363.
Los datos del informe correspondientes a los tres primeros meses del año se vieron afectados por la crisis sanitaria y la declaración del estado de alarma el 14 de marzo, con la consiguiente paralización de los plazos procesales y administrativos a partir de esa fecha.
En cuanto a los lanzamientos hipotecarios, en Castilla y León se practicaron un total de 71 en el primer trimestre del año, lo que supuso un descenso del 48,9 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado. 348 fueron derivados a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), una cifra que supone una caída del 31,6 por ciento. A nivel nacional, fueron 6.892 los lanzamientos por impago de alquiler, lo que significó un descenso algo superior, del 33,1 por ciento.
Por otro lado, los concursos presentados en este primer trimestre del año, en el que la segunda quincena de marzo correspondió al inicio tras la declaración del estado de alarma, en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción por personas físicas no empresarios crecieron un 45 por ciento hasta los 29, un dato que a nivel nacional supuso un aumento del 40,9 por ciento hasta los 1.568. El total de concursos presentados en la Comunidad fue de 75, con un aumento del 13,6 por ciento, mientras que en España llegó a los 3.274, con un crecimiento del 17,1 por ciento.
A su vez, las demandas por despidos descendieron un cuatro por ciento en Castilla y León hasta las 971, una tendencia contraria a la registrada a nivel nacional, donde aumentó un 4,1 por ciento hasta las 30.579 demandas de despido. Cataluña, con 6.020 -el 19,7 por ciento del total nacional- y Madrid, con 5.708 demandas -el 18,7 por ciento del total nacional– fueron las comunidades en las que se presentaron más demandas de este tipo. Le siguieron Andalucía, con 4.446, y la Comunidad Valenciana, con 3.668.
Mientras tanto, el número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los juzgados de lo social aumentaron un 16,6 por ciento respecto al mismo trimestre del año pasado, hasta las 2.070. En el conjunto de España, descendió un 4,7 por ciento, hasta las 32.408 reclamaciones de cantidad. Finalmente, el informe recogido por Ical, incluye los datos sobre los procedimientos monitorios, que en el primer trimestre del año descendieron en Castilla y León un 13,6 por ciento hasta los 7.088, frente a la caída nacional del 14,2 por ciento, con un total de 167.082.