Desvincular los ERTE por fuerza mayor del estado de alarma para aquellos sector más castigados por la crisis derivada de la covid-19 como la automoción, hostelería, turismo y comercio con el objetivo de impedir una sangría empresarial y laboral en la Comunidad cuando a partir del próximo 21 de junio se de por finalizada la última prórroga. Así lo acordó ayer el Consejo del Diálogo Social de la Comunidad, presidido por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y que contó con la participación de la nueva consejera de Empleo e Industria, Carlota Amigo, así como el titular de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y los dirigentes de UGT, Faustino Temprano; CCOO, Vicente Andrés; y Cecale, Santiago Aparicio. En el encuentro celebrado en la sede de Presidencia se expuso la necesidad de que el Gobierno desvincule los ERTE por fuerza mayor del estado de alarma, de manera que prolongue su duración hasta final de año en los sectores de la Comunidad más golpeados por la covid-19, como es el caso de automoción, hostelería, turismo y comercio, entre otros.
Los miembros del Consejo del Diálogo Social se mostraron también de acuerdo en la convocatoria urgente de la Mesa Nacional de la Automoción para defender el futuro de un sector «estratégico» para Castilla y León y para España. Según recordó Fernández Mañueco, el objetivo de esa Mesa sería promover la demanda, apostar por la digitalización de las plantas y la transformación de las unidades productivas.
Junta, patronal y sindicatos, se mostraron también a favor de que Castilla y León gestione el Ingreso Mínimo Vital, como ya solicitó Fernández Mañueco al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la última reunión con el Ejecutivo nacional, después de que se comprometiera su traspaso a las comunidades de Navarra y País Vasco, según informa Ical.
En esta línea, el presidente de Castilla y León insistió en que la Comunidad tiene «la capacidad, la experiencia y el reconocimiento» de organismos independientes a la buena gestión de sus servicios sociales.
Pacto de la recuperación
Respecto al pacto de Comunidad para la recuperación económica, el presidente de la Junta recordó que está abierto a la implicación de toda la sociedad, por lo que animó a los agentes económicos y sociales a realizar «todas las aportaciones que consideren necesarias», al tiempo que abogó por que el proceso de diálogo para alcanzar ese acuerdo se lleve a cabo en un espacio «de consenso y colaboración» y no de «crispación».
Durante el encuentro también se abordaron entre los presentes los datos que se van conociendo sobre la incidencia real de la pandemia en la situación económica de Castilla y León –esta semana Economía certificó que la Comunidad ha entrado en recesión durante el primer trimestre del año–, así como el cumplimiento de los acuerdos del diálogo social y las medidas puestas en marcha para proteger a los trabajadores, a las empresas, a los autónomos y a las familias. Finalmente, el Consejo del Diálogo Social también acordó la convocatoria de la Comisión Permanente del mismo durante las próximas semanas.
Cecale reclama destinar fondos de la Renta de Ciudadanía a las empresas
El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León, Santiago Aparicio, reclamó «una parte importante» de los 70 millones de euros de la Renta Garantizada de Ciudadanía que se liberarán por la puesta en marcha del ingreso mínimo vital del Gobierno para liquidez en la empresa este año y el siguiente. Aparicio explicó a Ical que, durante la reunión, los sindicatos reclamaron que esos millones se destinen a políticas sociales, para que no sean incompatibles con la ayuda del Gobierno y no se pierdan, mientras que como presidente patronal, sostuvo que una parte de los mismos tendría que ir a apoyar a las empresas durante los meses más complicados tras la pandemia, porque así «más gente conservaría su empleo y habría que gastar menos, por ejemplo, planes de empleo local». Por otra parte, en el encuentro se puso de manifiesto la necesidad de que se abran las mesas de los acuerdos pendientes de renovar dentro del Diálogo Social, es decir, de la IV Estrategia de Empleo; el IV Acuerdo Marco de Competitividad; Dependencia y Sostenibilidad.
Los sindicatos urgen a estudiar la compatibilidad del ingreso vital y la RGC
Los secretarios regionales de UGT y CCOO, Faustino Temprano y Vicente Andrés, respectivamente, solicitaron que el Consejo del Diálogo Social estime la apertura urgente de negociaciones sobre la Renta Garantizada de Ciudadanía, ante la inminente puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital en el escenario nacional, dos prestaciones que pueden solaparse. Los sindicatos aconsejaron durante la reunión del Diálogo Social estudiar «con urgencia» cómo ambas figuras pueden complementarse para no perder unos fondos de casi 70 millones al año. En opinión de ambos deberían seguir en la órbita de la protección social como apoyo complementario al ingreso vital del Gobierno. UGT y CCOO apremiaron a la Junta a extender el Serla para que, «por fin», atienda también las reclamaciones individuales en todas las provincias. Por último demandaron celeridad en establecer un plan de choque que cree unos 5.000 empleos a través de las entidades locales para combatir el paro que se avecina con la crisis del coronavirus. Unas negociaciones que «deberían iniciarse de inmediato», según los líderes sindicales.