Ante la inminente llegada del verano y el consiguiente comienzo de la campaña de extinción de incendios forestales, la Federación de Servicios Públicos de UGT pone de manifiesto la situación actual en la que se encuentra el colectivo de agentes medioambientales en la provincia de Ávila, que según apuntan, "están bajo mínimos para combatir los incendios". Y es que, como apuntan desde el sindicato, "Ávila es con mucha diferencia la provincia peor parada de toda nuestra Comunidad, tras la precaria política forestal llevada a cabo por la Junta de Castilla y León durante las últimas décadas".
Los datos, según UGT, así lo confirman, pues de los 117 puestos de agentes medioambientales que hay en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), hay ocupados 75 (un 64%) y 42 vacantes (el 36% restante). Además, "de estos 75 agentes en activo tan solo 57 hacen guardias de incendios, habiendo comarcas forestales, como es el caso de Arévalo o Piedrahíta, donde solo hay dos agentes disponibles para hacer 119 guardias en la época de peligro alto, por ejemplo", asegura el sindicato.
Los agentes medioambientales, funcionarios de la Consejería de Medio Ambiente, ostentan la condición de agentes de la autoridad y el carácter de policía judicial en sentido genérico, y tienen encomendadas, entre otras, las funciones principales de jefes de extinción del operativo en los niveles 0 y 1, dentro del Plan de Protección Civil de Castilla y León (INFOCAL), así como la redacción de los informes de investigación de causas de incendios forestales, según la normativa y legislación vigente.
"Años de desidia de la Junta de Castilla y León, en los que no se convocaron procesos selectivos entre los años 2009 y 2020, sumando el continuo goteo de jubilaciones de dichos empleados públicos y tras la resolución del esperado concurso de traslados, ha dejado la plantilla de agentes medioambientales en mínimos históricos en la provincia de Ávila".
Tras la publicación de la orden anual de incendios donde se refleja el número de guardias a realizar por estos agentes, "los datos son demoledores", señalan, pues "es imposible con la plantilla actual poder hacer unos calendarios de trabajo cumpliendo la normativa e instrucciones remitidas por la Consejería de Medio Ambiente".
"En dicha Orden se determina que el colectivo de agentes medioambientales debe realizar 2.338 guardias de incendios con tan solo 57 agentes disponibles, dando como resultado 42 guardias por agente, cuando el número máximo de guardias legalmente establecido por agente son 30", denuncian desde FSP-UGT, para quienes "estos datos reflejan la realidad actual de este colectivo de funcionarios imprescindibles dentro del operativo de extinción de incendios.
Ante esta situación, este sindicato se pregunta ¿qué opciones tiene previstas la Junta de Castilla y León para solucionar este tremendo problema que año tras año se hace más evidente?. Entienden que a corto plazo hay escasas soluciones porque "la Administración Regional ha sido incapaz de resolver el único proceso selectivo para cubrir 92 plazas de agentes para toda la Comunidad que se convocó en julio de 2020 y que dos años después está sin resolver. Además, la bolsa de contratación de agentes interinos está agotada en nuestra provincia".
"¿Invitarán a los agentes a que hagan guardias en comarcas diferentes a la suya, como viene siendo costumbre, tratando la emergencia civil de un incendio forestal, como si fuera un juego?, se preguntan desde FSP-UGT, cuando "ningún agente debería hacer guardias de incendios en una comarca forestal que no conoce, está poniendo en riesgo la vida de muchas personas". "La única solución está clara, será imposible cubrir ese número de guardias con la plantilla actual de agentes e irremediablemente se perderán, y con ello el pagano será nuestro medio rural y más concretamente nuestros montes", añaden.
Esta situación "no es nueva", pues UGT viene denunciando esta problemática desde hace muchos años a través del órgano de representación de funcionarios como es la Junta de Personal, registrando informes y quejas tanto al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila como a la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal en los Servicios Centrales de Valladolid, haciendo éstos caso omiso a nuestras reivindicaciones".
Desde la FSP-UGT de Ávila reivindican que "con la salud de los trabajadores no se juega" por lo que piden que "desde la Junta de Castilla y León se pongan todos los medios y recursos necesarios para la máxima protección de sus empleados públicos frente a la emergencia civil de los incendios forestales".