La Comisión Europea (CE) exigirá a España reformas concretas y detalles sobre los objetivos y el calendario para acometerlas para acceder a los más de 140.000 millones de euros que le corresponden del fondo de recuperación europeo tras la pandemia de la CIVID-19.

Bruselas, que ya negocia con el Gobierno nacional y otros países los borradores de sus planes de recuperación, advierte que los ejecutivos tienen que ser más precisos sobre cómo cumplirán con las recomendaciones económicas que les hizo los últimos años y sobre el calendario de las medidas que prevén implementar.

«El compromiso de la Comisión Europea es aumentar la ambición de las reformas en los planes nacionales para garantizar que las inversiones tengan los detalles necesarios sobre el calendario, objetivos y metas», explicó el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.

El Gobierno español fue uno de los primeros en enviar a Bruselas el borrador de las aproximadamente 170 medidas que prevé acometer, incluidas la reforma de las pensiones y la laboral, y ahora tendrá que afinarlas con la Comisión para elaborar un plan definitivo.

Las discusiones van «por buen camino», pero aún faltan «días y semanas» de trabajo, según Gentiloni, quien ya se ha reunido con varios ministros españoles en las últimas semanas. De cumplir con lo pactado dependerá el desembolso de los 69.528 millones de euros en transferencias a fondo perdido que le corresponden a España, que también podrá solicitar cerca de 85.000 millones en préstamos.

Con condiciones

La regulación del fondo, consensuada en diciembre por los Estados y la Eurocámara, exige que los planes de recuperación incluyan reformas e inversiones para que se potencien tanto el crecimiento como la creación de empleo y se centren en prioridades europeas, en particular la transición ecológica y digital, a las que deben destinar el 37% y 20% del dinero, respectivamente. Las medidas deberán servir para abordar «todas o un conjunto significativo» de las recomendaciones económicas que la Comisión Europea hizo en 2019 y 2020 a los países, incluidas las relativas al control del déficit y la deuda. Estas últimas solo empezarán a vigilarse una vez se reactiven las normas europeas de disciplina fiscal, como pronto en 2022, pero si un país se las salta podría ver congelado hasta el 25% del dinero comprometido.

Para España, las directrices de los dos últimos años piden, además de combatir la pandemia, preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones, mejorar los sistemas de apoyo al empleo, de ayudas a las familias y los regímenes autonómicos de renta mínima, invertir en innovación y eficiencia energética, mejorar la coordinación entre administraciones o aplicar la ley de unidad de mercado, entre otras.

Con el fondo de recuperación, Bruselas tiene por primera vez una herramienta para hacer cumplir unas recomendaciones que los países tienden a postergar.