El Gobierno ha vendido a Andorra 30.000 vacunas. La reacción entre la ciudadanía nacional ha sido unánime: en España faltan dosis, el Ejecutivo no ha cumplido con las cantidades que había prometido a los Gabinetes autonómicos, y enviar 30.000 inoculaciones a un país que es refugio de españoles con abultadas cuentas corrientes, y que se residencian allí para pagar menos impuestos, les produce una indignación de tal dimensión que ha obligado al Ministerio de Sanidad a dar explicaciones. La UE ha repartido entre varios territorios la venta de vacunas a pequeños estados de población muy limitada, y a España y Francia les ha correspondido el suministro de Andorra. 

Es una cuestión de solidaridad, dicen fuentes del departamento que dirige Salvador Illa. Mal momento para mencionar esa palabra, cuando Andorra es refugio de millonarios que no quieren empatizar con la angustia que sufren millones de familias españolas, con la ruina que invade a sectores enteros del país- sobre todo turismo y hostelería- y con las colas del hambre que ya incluyen a hogares de clase media que nunca se hubieran imaginado así y que han perdido todo por la pésima gestión gubernamental de esta pandemia. 

Los peor intencionados van más allá: en Andorra residen 14 mil españoles con derecho a voto en las elecciones catalanas… a las que se presenta Illa como candidato a la Presidencia de la Generalitat.

La vacunación se ha convertido en el reto más importante del Gabinete de Pedro Sánchez. Su socio, Unidas Podemos, intenta distraer la atención con otros asuntos como iniciativas relacionadas con la igualdad o los derechos de los okupas, pues no cesan en su carrera por presentarse como el partido con mayor concienciación social que solo piensa en los más desfavorecidos. En estos momentos, eso apenas interesa. La principal preocupación de los españoles es el coronavirus y sus consecuencias, tanto las sanitarias como las económicas, y que las carteras que lideran los morados se dediquen a cuestiones menores, no favorece en nada a una formación que se encuentra en situación de declive.

Detener la inmunización

El Gobierno, tras provocar el descontento de los Ejecutivos regionales al asumir toda la responsabilidad en la lucha contra la COVID-19 al hacer su aparición el virus que se convirtió en pandemia, sigue teniendo enfrente a los mismos Gabinetes autonómicos por la aplicación de lo que los portavoces de La Moncloa llaman cogobernanza para hacer frente a la enfermedad. Además, la tercera ola golpea con más fuerza que la primera, debido en gran parte a que no se permite a los Gobiernos regionales tomar las medidas drásticas que consideran necesarias para frenar al virus. 

Un patógeno que está sufriendo múltiples mutaciones -británica, brasileña, sudafricana- y se prevé que aparecerán más. Hasta ahora las vacunas de diferentes laboratorios, afortunadamente, se demuestran eficaces también hacia todas estas variaciones. 

Los Ejecutivos regionales se encuentran en una situación crítica que ha provocado tensiones públicas con el Gobierno central, y que se visualizaron en la reunión del Consejo Interterritorial celebrada esta misma semana: el Gabinete de Sánchez no quiere llevar al Congreso la ampliación del estado de alarma que daría cobertura legal a nuevas medidas para detener el avance de la COVID-9 (Moncloa quiere evitar un nuevo debate parlamentario), pero también se niega a buscar fórmulas legales que permitan a los Gobiernos regionales ampliar el horario del toque de queda, por ejemplo, o a decretar nuevos confinamientos domiciliarios. 

El rechazo es rotundo. En el citado encuentro se escucharon frases muy duras ante las que las autoridades sanitarias del Ejecutivo se mostraron insensibles, y además se les anunció que debido a unos problemas en las instalaciones de Pfizer en Bruselas, se reducía esta semana el número de dosis que se habían apalabrado para determinadas autonomías, entre ellas Madrid, Galicia, Extremadura y Andalucía. Eso sí, se prometió cumplir con los compromisos las semanas próximas, pero la desconfianza se ha adueñado de las autoridades regionales, a las que se ofreció la tan elogiada cogobernanza -elogiada al principio- y que sin embargo no es tal porque se recorta las alas a los Gobiernos que quieren apretar más a sus ciudadanos con medidas restrictivas para impedir el repunte galopante del coronavirus. 

Otra de las medidas que las comunidades habían exigido desde hace meses era que las farmacias pudieran hacer test de antígenos, a lo que se habían ofrecido los colegios farmacéuticos, y que se permitiera a la sanidad privada participar en la vacunación, por supuesto gratuitamente, como han hecho otros países que han inmunizado a un porcentaje de población mucho mayor que en España. 

Madrid finalmente fue autorizado a realizar test de antígenos en las farmacias, pero en La Moncloa se niegan a que la sanidad privada intervenga en la campaña de vacunación. De momento. La esperanza de la mayoría de los Gobiernos regionales que, desbordados por la situación, han pedido esa autorización, es que finalmente Sánchez reaccione y lo permita.

Imposición a las regiones.

La defensa del Ejecutivo central es siempre la misma: cumple las instrucciones a las que obliga la Unión Europea -lo que se ha demostrado falso en varias ocasiones, por lo que ha perdido credibilidad ese argumento- e insisten en que la COVID-19 golpea por igual a todos los países del bloque comunitario, incluso a los que siempre han sido avanzados en eficacia, mencionando el caso concreto de Alemania. 

Ya no son los germanos ejemplo al que contraponer a España como lugar que no acierta en la lucha contra el coronavirus: las cifras oficiales últimas recogen que, en ese país de 83 millones de habitantes, se han producido 50.000 fallecimientos por el virus, mientras que en España, con 47 millones, según el Instituto Nacional de Estadística, los muertos superan los 80.000, una de las cifras más altas del mundo en porcentaje de población.

Un consejero de salud del PP comentaba el pasado miércoles tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud que «esto no es cogobernanza, esto es imposición de las medidas que quiere el Gobierno y prohibición de las que consideramos adecuadas». ¿Es el sentir mayoritario de los consejeros? «Sí, incluidos varios del PSOE. Solo nos queda la posibilidad de las recomendaciones, apelar a la responsabilidad de la gente, pedirles que se autoconfinen en sus domicilios, que no reciban a nadie ajeno a los convivientes, que inculquen a sus hijos adolescentes que tomen precauciones máximas si van a salir para que no metan el virus en casa y desde luego que cumplan el horario del toque de queda. Además de lo que ya se ha impuesto a todo el mundo desde el primer momento, ventilar bien las viviendas y lugares de trabajo, lavarse constantemente las manos, lavar todo lo que se compre en el supermercado, las mascarillas, acudir o llamar al centro de salud al menor síntoma…». 

Lo grave ahora no es solo la falta de libertad de los Ejecutivos autonómicos para tomar sus propias decisiones en función de la situación sanitaria de su territorio. Lo más preocupante es que se ha parado el proceso de vacunación y, aunque el Gobierno central asegura que se reanuda la semana que viene, la palabra de los miembros del Gabinete central ha dejado de ser dogma de fe. Han sido pillados en falta demasiadas ocasiones como para que esto esté garantizado.