Una buena noticia y una aclaración. La buena noticia es que la amenaza secesionista decayó en 2020, pues en ese año ya no fue necesario espiar a los líderes del independentismo catalán. Y ahora vamos con la aclaración: los servicios secretos forman parte de un Estado, al igual que la dirección general de Carreteras, el Tribunal Supremo, el INEM o el Instituto Nacional de Estadística.

Si no entendemos eso, o no queremos entenderlo, estamos abonando el terreno para la malversación argumental al servicio de tal o cual causa política. En este caso, la del independentismo catalán, cuyos dirigentes habrían sido objeto de una supuesta operación de espionaje por parte del Estado español.

Por tanto, la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez a la escandalera política desencadenada por el caso "Pegasus" (tecnología israelí capaz de intervenir imágenes y conversaciones de teléfonos móviles sin que la interferencia sea detectada) no puede ser otra que la que ha sido: "España es un Estado de derecho". Y a renglón seguido: "En España no se espía si no es al amparo de la ley".

Son palabras de la ministra portavoz, Isabel Rodríguez. Añado por mi cuenta: España no deja de ser un estado de derecho si la Fiscalía, la Policía Nacional, la Guardia Civil o el CNI limitan el ejercicio de derechos fundamentales en determinadas circunstancias (prevención o comisión de delitos) y siempre con autorización judicial.

En consecuencia, nada que objetar a la legítima demanda de investigar lo investigable para saber si se han cometido ilegalidades. Incluida la "ofensiva internacional" (querella contra el Gobierno de España y la empresa israelí NSO Group) apadrinada por Puigdemont y Junqueras para impedir la impunidad de las presuntas tropelías.

Me parece bien, aun pasando por alto el oportunismo de los dirigentes independentistas mencionados y del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, que ha decidido congelar las relaciones con Moncloa mientras no se haga la luz sobre el culebrón "Pegasus".

Pero si realmente el seguimiento telefónico -o del tipo que sea- se llevó a cabo con el conocimiento y la autorización de los jueces, el rasgado de vestiduras en la plaza pública no viene a cuento.

De momento, el CNI reconoce que usa esa tecnología, pero fuera de España en la persecución de delitos de terrorismo y crimen organizado. Por su parte, el Gobierno niega cualquier implicación en el caso del espionaje a dirigentes independentistas.

Pero ni el CNI ni Moncloa reniegan ni renegarán nunca del carácter de "secreto oficial" de ciertos expedientes en la agenda del poder. No pueden hacerlo, no deben hacerlo. Y no lo harán en ningún caso.