Lo peor que le puede ocurrir a las cloacas del Estado es que se sepa dónde terminan los desagües, adónde llegan sus aguas sucias. Desde Felipe González se sabe que el Estado de derecho se defiende también en las cloacas. El expresidente del Gobierno lo explicitó, lo que no quiere decir que antes no se supiera que existían y que hay funcionarios públicos dedicados al espionaje y, en su caso, a la guerra sucia, que en su máxima expresión llega hasta el terrorismo de Estado, y en su parte más chusca a los desmanes de la policía patriótica.
Sería un ejercicio de cinismo rasgarse las vestiduras porque ante uno de los mayores desafíos que ha sufrido el Estado, con una serie de partidos y personalidades políticas decididos a romper el orden constitucional de forma pacífica, sí, pero con una argumentación fraudulenta sobre el ejercicio de la democracia y esgrimiendo un derecho inexistente a la autodeterminación de Cataluña, hubiera permanecido inactivo y no hubiera tratado de adelantarse a los acontecimientos.
El proceso de espionaje a sesenta líderes catalanes, a través del sistema Pegasus, un software de origen israelí que solo se facilita a fuerza de seguridad y a servicios de información, revela un fracaso en múltiples direcciones; el primero, su descubrimiento por los rastros que deja; el segundo, que la información recabada no sirvió para evitar un referéndum ilegal que triunfó desde el momento en el que comenzaron a aparecer las urnas en múltiples lugares; y en tercer lugar porque ha quedado al descubierto que la larga mano del poder llega allí dónde se sospecha que llega al margen de las leyes. Tanto con el PP como con el PSOE en el gobierno.
Pero más allá del caso concreto del espionaje a los líderes independentistas catalanes está el hecho de que la utilización de los sistemas de espionaje sofisticados sin control judicial vulnera derechos fundamentales relacionados con la libertad de expresión, la participación política, el secreto de las comunicaciones o la privacidad y deja a los ciudadanos inermes ante un Gran Hermano que todo lo vigila y que puede utilizar esa información en su contra.
Hay que dar por supuesto que el Gobierno no va a admitir que realiza prácticas de espionaje al margen del mandato judicial, aunque ya llueve sobre mojado no solo en nuestro país, como han demostrado en su día las revelaciones de Julian Assange y de Edward Snowden, y ahora el trabajo de Citizen Lab. Sería una sorpresa que la ministra de Defensa, Margarita Robles, en su próxima comparecencia parlamentaria, en abierto, reconociera alguna posible irregularidad por parte de los servicios de información. Tendrán que ser los jueces que ya investigan sobre esos sucesos, que eran en parte conocidos, y los mecanismos parlamentarios, si se arbitran, quienes traten de desentrañar el entuerto. A ver hasta dónde pueden llegar. Sería tranquilizador que la ministra fuera tan convincente como para despejar cualquier sombra de duda acerca de que el Centro Nacional de Inteligencia, que depende de ella, se atiene siempre al control judicial en sus actividades más delicadas.
Por lo pronto el Gobierno tiene un problema y tiene que volverse a ganar la confianza del Govern catalán y de ERC, imprescindible para que no se desboque el problema territorial, y la continuidad de la legislatura no tenga más sobresaltos.