La Comisión Europea permite desde este jueves a los gobiernos europeos igualar bajo ciertas condiciones las ayudas que Estados Unidos conceda a la producción de tecnologías limpias, a fin de evitar la fuga de plantas industriales como consecuencia de los subsidios verdes multimillonarios de Washington.

Sin embargo, Bruselas limita estas ayudas a una serie de productos que considera vitales para avanzar en la transición hacia una economía descarbonizada, como baterías, paneles solares, turbinas eólicas, bombas de calor o electrolizadores, así como a la obtención de las materias primas fundamentales conexas necesarias para la producción de los equipos correspondientes, según informó la Comisión Europea en un comunicado.

En concreto, hasta el 31 de diciembre de 2025, los Estados miembros podrán asignar ayudas públicas a empresas "en casos excepcionales" si existe "riesgo real" de que las firmas reorienten sus inversiones fuera de Europa en busca de condiciones más ventajosas en terceros países.

En estos casos, los gobiernos del bloque podrán recurrir a la opción más barata entre dos posibilidades: conceder ayuda de una cantidad "equivalente" a la que la empresa pueda recibir en una "ubicación alternativa" u otorgar el montante "necesario para incentivar a la compañía a ubicarse dentro del Espacio Económico Europeo (EEE)".

Esta nueva herramienta, sin embargo, está sujeta a una serie de "salvaguardias", como por ejemplo que se trate de inversiones en territorios que puedan recibir fondos regionales o de inversiones transfronterizas que involucren al menos a tres Estados miembros y que una parte "significativa" de la misma tenga lugar en esas áreas "asistidas".

Según el mapa de ayudas regionales de España aprobado en marzo del pasado año por las autoridades comunitarias, estas zonas que pueden optar a fondos de la UE representan en conjunto el 66,29 % de la población.

Otros requisitos son que la empresa beneficiaria de la ayuda pública utilice la tecnología de producción más avanzada desde el punto de vista medioambiental o que no incentive la deslocalización de inversiones entre Estados miembros.

Esta nueva herramienta es la mayor novedad de una actualización de marco temporal de ayudas de Estado que la UE adoptó para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania, y que ahora queda prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2025 tras el proceso de consulta que Bruselas lanzó el pasado 1 de febrero para aquellas medidas cuyo fin es acelerar la transición.

Por esta razón, los cambios prorrogan también hasta finales de 2025 la posibilidad de que los Estados miembros desplieguen medidas para desarrollar una industria libre de emisiones, como son acciones para acelerar las renovables o programas de ayuda para impulsar la descarbonización de procesos industriales.

En la misma línea, simplifica las condiciones para la concesión de ayudas a pequeños proyectos y tecnologías "menos maduras", como el hidrógeno renovable, retirando la obligación de canalizarlas a través de procesos de subastas.

Por contra, todas aquellas provisiones vinculadas directamente al impacto de la crisis energética )como subvenciones limitadas, apoyo a la liquidez con préstamos blandos o avales públicos y compensaciones por los mayores costes energéticos) siguen estando permitidas por ahora únicamente hasta el 31 de diciembre 2023.