El Ayuntamiento de Ávila estudia recurrir ante el TribunalSuperior de Justicia de Castilla y León el fallo del Tribunal Contencioso-Administrativo que estima el recurso interpuesto por el Abogado del Estado, en representación de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, en el que se impugna la desestimación, por silencio administrativo, del requerimiento de anulación del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Ávila, de fecha 30 de abril de 2021, de modificación del nivel de complemento de destino de puestos de Policía Local y Extinción de Incendios.

Según informó el portavoz del equipo de gobierno, José Ramón Budiño, «el fallo estima que no es conforme ni ajustada a derecho la actuación administrativa impugnada, procediendo a su anulación». Desde el Ayuntamiento se explica que este acuerdo, «aprobado por Pleno y que afecta a las plantillas de Policía Local y del Servicio de Bomberos, responde a una propuesta, aprobada también en la Mesa de Negociación y a favor de la que se dictaminó en la Comisión Informativa de Presidencia, Interior y Administración Local, para adecuar la situación de ambas plantillas, que superan los 150 efectivos, a la Ley 2/2019 por la que se modifica la Ley de Protección Ciudadana de Castilla y León de la Junta de Castilla y León que ordena la reclasificación del Servicio de Extinción de Incendios».

«Ajustándose a esta nueva normativa, se procedió a la modificación del nivel de complemento de destino tanto de Policía Local como del Servicio de Extinción de Incendios, al querer adecuar la normativa a grupos profesionales semejantes existentes en el Ayuntamiento», explicó Budiño, y ahora el fallo considera que esta reclasificación excede el 0,9 por ciento del techo de gasto establecido en los Presupuestos Generales del Estado, pese a la justificación contraria del Ayuntamiento de Ávila, razón por la que se estudia el recurso, para lo que hay de plazo hasta el 21 de abril de este año.

En relación con esta sentencia, el portavoz del equipo de gobierno, José Ramón Budiño, aseguró que ahora «el tema queda en manos de los servicios jurídicos municipales, porque desde el Ayuntamiento se entendía que nuestra actuación era la manera efectiva de reclasificar tanto a Bomberos como a Policía Local en consonancia con el resto de grupos del Ayuntamiento que son C-1».

El portavoz municipal aseguró que «es una normativa autonómica que nos venía impuesta desde la Junta de Castilla y León, y si nos piden reajustar y equlibrar estos servicios, entendíamos que era el procedimiento ordinario y habitual».

Frente a esta reclasificación se estima en la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que «que son dos colectivos con un número elevado de trabajadores y se excedía de ese 0,9 de techo de gasto», cuando «nosotros entendíamos que era algo puntual y que se ajustaba a la normativa que se imponía desde la Junta, pero una vez que tenemos esta sentencia, veremos, por un lado, el procedimiento administrativo para poder normalizar esa situación y, por otro, los pasos jurídicos que debemos dar como Ayuntamiento».

Budiño apunta que «la normativa obligaba a recalificar a Bomberos, pero siempre equiparando a Policía Local, lo que lógicamente obligaba a modificaciones también en la Policía Local. Por eso nuestra propuesta era equiparar a ambos cuerpos en el mismo nivel con el resto de trabajadores municipales que están en el grupo C-1, lo que lleva una serie de circunstancias económicas que entendíamos que estaban sustentadas en base a esa normativa autonómica que teníamos que cumplimentar, excediendo en parte ese 0,9 de techo de gasto, pero también  si nos vamos solo a la plantilla que se conoce como presupuestaria, la real del Ayuntamiento, no se excedía, pero la Abogacía del Estado no lo entendía así, lo recurrió, y en primera instancia la Justicia le da la razón, y ahora el Ayuntamiento tendrá que ver cómo se cumplimenta esa normativa para intentar generar los menores desajustes entre servicios del Ayuntamiento, porque en materia de recursos humanos se han hecho durante muchos años, vía decreto, ciertos parches que ahora tenemos que ir cumplimentando para cumplir esa normativa y no generar desequilibrios entre los diferentes servicios municipales».