Mientras que se instalan luces y arcos de colores por pueblos y ciudades los ciudadanos ya están sumidos en un ambiente prenavideño. Dicho así, todo parece conforme a la normalidad, después de más de un año aciago que cambió la vida a todos.
Después de un verano y un otoño tranquilo en cuanto a niveles de riesgo, con un alto índice de vacunación, se comienza a plantear un posible repunte de contagios, que ha hecho plantear, incluso, a la Comisión de Vacunas a poner una dosis de recuerdo a sanitarios y sexagenarios, después de que también la han recibido los mayores de 70 años. Quiere decir que esa aparente victoria en la guerra contra el virus no es definitiva, posiblemente por el efecto de aquellos negacionistas. 
Es decir, esta nueva ola que parece que se va conformando, aunque los primeros indicios hacen pensar que no alcanzará niveles de las anteriores, se la debemos a aquellos que se han negado a vacunar, lo que no parece justo en cuanto a la salud de un país y a las repercusiones que todo esto conlleva, como la economía y la saturación de los centros sanitarios. 
Hay que tomar medidas como están haciendo ya otros países europeos, azotados por la pandemia, que van dirigidas a los insolidarios que no han querido pincharse, al exigirse el certificado de vacunación a la entrada de muchos establecimientos públicos, incluso, a su confinamiento domiciliario a determinadas horas del día. No es de recibo que no se sepa si está vacunado quien se sienta al lado en un medio de transporte o se encuentra sin mascarilla en la mesa de enfrente en el restaurante o en el gimnasio, incluso, el médico que atiende en una consulta o urgencia.
De nuevo viene la disputa entre comunidades y Gobierno central sobre quién es el que pone el cascabel al gato, desde luego, con los informes jurídicos preceptivos y la seguridad de que la medida no lesione derechos y pueda ser recurrida, como ya se ha vivido, pero ya nos acostumbramos a que si impera un criterio único, las comunidades reclaman la autonomía, y si la decisión es polémica, se exige que hable solo el Ministerio de Sanidad. 
Por cierto, ya se ha distanciado la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, diciendo que reclamar la tarjeta de estar vacunado que se lleva en el móvil convierte en policía a propietarios y trabajadores de los establecimientos, cuando éstos deben ser los primeros interesados en que esté garantizada la seguridad sanitaria. 
Todo esto que comenzamos a ver ahora se produce en un entorno donde muchos sectores se movilizan en la calle, precisamente pensando en que es real esa normalidad, el despegue económico se mueve con lentitud y la Atención Primaria se halla a punto de reventar entre la inoculación de diferentes vacunas, incluidas la de la gripe, terceras dosis y de recuerdo de Janssen, con la plantilla que se vuelve a mermar porque no se les ha renovado el contrato y unos pacientes que llevan en lista de espera meses sin respuesta. Aquí no hay nada normal.