Los letrados de la Administración de Justicia ya no están de huelga, pero el impacto de su movilización, emprendida el 24 de enero en todo el país para tratar de lograr el cumplimiento a los acuerdos alcanzados el año pasado con el Ministerio para la mejora de las condiciones laborales, lleva semanas dejándose notar en la provincia de Ávila. Y parece que lo seguirá haciendo varios meses más. Desde el colectivo de los antiguos secretarios judiciales estiman que recuperar la normalidad en la Justicia abulense y resolver el «atasco» que se ha ido acumulando en estos dos meses largos de paros llevará «seis meses mínimo», aunque también reconocen que la cifra es difícil de calcular porque las agendas están ya completas y no resulta tan fácil fijar las citas que han quedado pendientes por los paros de los letrados.

En concreto, una de las letradas de la Administración de Justicia de Ávila, María Rosario Martín Tabernero, explica que la huelga ha dejado en Ávila 180 juicios suspendidos, 120 civiles y 60 penales, además de 190 declaraciones de investigación suspendidas, más de 2.000 escritos sin proveer, más de 600 demandas pendientes, más de 700 atestados policiales sin tramitar y más de 700.000 euros bloqueados en cuentas de depósitos y consignación de los juzgados de Ávila y provincia de los diferentes pagos de multas, indemnizaciones o pensiones.

Al atasco creado por la huelga, la cual ha tenido un «seguimiento descendente» en la provincia de Ávila, reconocen, se suman las circunstancias propias del colectivo. Y es que si cuando arrancó la huelga eran 15 los profesionales en activo entre Ávila y provincia, se quedaron en 11, ya que en este tiempo tres se marcharon en traslado y uno se jubiló. «Ya se han designado dos interinos de sustitución, pero hemos estado quince días con esas ausencias y provisionalmente varios compañeros han tenido que asumir el doble de carga de trabajo», señala Martín Tabernero, que añade que esto «complica aún más» la difícil tarea de recuperación de la normalidad que hay por delante.

Nada más cerrarse el acuerdo, este martes, se organizó el tema de las notificaciones de los asuntos pendientes para ponerles límite y que no llegaran todas de golpe al resto de profesionales, pero más allá de eso «no hay planes concretos de recuperación» del trabajo pendiente y «eso se va a valorar en los próximos tres meses». 

Esta es solo una de las pegas que desde Ávila se le pone al pacto con el que se puso fin a la huelga. La letrada habla de un «acuerdo agridulce» porque «no es todo lo que esperábamos y difiere mucho del alcanzado en abril de 2022, que era claramente mejor», pero es verdad que «la huelga ha sido muy dura en lo anímico y lo económico» para los profesionales y ya «era insostenible», además del «destrozo» causado en el sector. «Por eso se ha votado a favor, con un 76% de apoyo», remarca la letrada abulense, quien explica que el acuerdo alcanzado «no es todo lo bueno que hubiéramos deseado porque deja muchas partes abiertas y se crean grupos de trabajo para muchas reivindicaciones que veremos en qué acaban».