La Junta de Castilla y León está ultimando la elaboración de un plan para formar a la ciudadanía, empresas y administraciones para saber como actuar ante eventuales catástrofes. El caos que se vivió durante los primeros compases de la pandemia, incluso antes de la declaración del primer Estado de Alarma, han llevado al Ejecutivo regional ha poner sobre la mesa un documento para habilitar a la ciudadanía para resistir a los peligros naturales, tecnológicos y antrópicos, paliar los efectos negativos inmediatos sobre las personas y el medio ambiente y superar las consecuencias sociales y económicas derivadas de los mismos. Bajo este precepto, la Consejería de Fomento, como responsable de Protección Civil y los diferentes planes de emergencias, está terminando el plan de promoción de la autoprotección de Castilla y León, en cuyo texto se hacen referencias explícitas a la pandemia de la covid. 

Para ello, el Gobierno de la Comunidad destinará algo más de seis millones hasta 2023, de los que la mayor parte, 3,3 millones, se desembolsarán el próximo año. «Más que nunca, el miedo a tener que enfrentarse a otras crisis sanitarias desconocidas está latente en la sociedad», expone, aunque reconoce que, si el riesgo de una nueva pandemia es más o menos incierto, «sí son seguros otros peligros que amenazan de forma clara el desenvolvimiento normal de la vida en general y de la economía en particular, por ejemplo, los riesgos vinculados al cambio climático, a los avances tecnológicos o los cambios demográficos».

El texto fija tres grupos diana –ciudadanía, agentes económicos y administraciones– sobre los que giraran las actuaciones, y, que en cada caso, se orientarán hacia la formación, creación de estructuras, el conocimiento de los riesgos, o las políticas públicas. Para el despliegue en el territorio de las acciones que se planifiquen se contará con la implicación de entidades locales y colectivos de la protección civil. El documento cuenta con diez principios rectores entre los que destacan algunos como la sensibilización, empoderamiento, inclusión, perspectiva de género o digitalización.

Un plan formará a la sociedad para actuar ante catástrofes Una de las novedades que contempla es la puesta en marcha de la figura del avisador, como «máximo exponente de la implicación de la comunidad de vecindad con la autoprotección». La finalidad de esta figura es «crear redes vecinales cuyos nudos sean personas que conocen bien su entorno y sus gentes y están capacitadas para prestar atención a los cambios y avisar de situaciones anómalas que pueden provocar riesgos definidos». Y es que, según detalla el documento, el «empoderamiento» de las personas en materia de autoprotección «refuerza la responsabilidad y la seguridad ante situaciones críticas, lo que se traduce en fortalezas para superar las consecuencias y favorecer una recuperación rápida».

No obstante, desde la Consejería reconocen que, teniendo en cuenta que este tipo de acciones están encaminadas en el fondo a promover cambios sociales y culturales, «se precisan años de labor pedagógica», aunque confían en poder acelerarla gracias a las redes sociales.