El director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta, Fernando de la Parte, anunció hoy medidas para una mejora, que "no ruptura", en la política de riesgos laborales para buscar la eficacia del dinero público, donde avanzó la supresión de las visitas de asesoramiento de sindicatos y patronal a las empresas por su "alto coste" y ser un "recurso ineficaz".

En su comparecencia a solicitud del Grupo Socialista para informar accidentes de trabajo producidos a lo largo de los años 2021 y 2022 en Castilla y León, de la Parte, que manifestó que la seguridad y la salud son protagonistas de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, afirmó que la siniestralidad está "en pleno ascenso" en 2021-2022 con un repunte de muertes por infartos e ictus, por lo que indicó que habrá más espacios cardioprotegidos en las empresas.

"Es un programa quemado por su alto coste", explicó sobre las visitas desde 2004 de sindicatos y patronal a las empresas en el marco de la prevención de riesgos laborales y detalló los 449 euros por visita cobrados por CEOE, los 815 euros por UGT y los 824 euros por CCOO, cuando, en su opinión, no han sido "eficaces" ni han incidido en una menor siniestralidad.

De la Parte se refirió a otro tipo de medidas, como servicios de prevención mancomunados, y criticó el "ruido" generado por el recorte de "gasto superfluo" a los agentes sociales, si bien se refirió a las subvenciones nominativas que se les conceden. "Que se les dice a los castellanos y leoneses si la Junta financia algo que no funciona", aseveró. "Queremos financiar medidas que ofrezcan una certeza de eficacia", añadió. 

"Las visitas o cambian condiciones de trabajo o no sirven para nada", sostuvo, para manifestar que "se trabaja de cara a la galería" donde se refirió a medidas como la cátedra del prevención de riesgos laborales de Salamanca, que solo tiene una web, o la de Valladolid, que se mantiene como una acción "electoralista" su alcalde.

Por otro lado manifestó que está en fase de consulta la nueva estrategia de seguridad salud y bienestar destinada a "no derrochar un euro" no solo importa la salud física sino la salud mental una asignatura pendiente. Se busca un empleo digno y de calidad a través del control de los riesgos, añadió.

Datos y repunte

"Detrás de cada cifra hay un trabajador que tuvo una lesión", recordó, para desglosar los datos de 2021 con 27.860 accidentes con baja, el 91,1 por ciento (25.377 en la jornada laboral) y 2.475 en itinere. De los siniestros en la jornada laboral, 25.148 fueron leves, 187 graves y 42 mortales, de ellos nueve en Burgos y ocho en Palencia.

De los mortales, once fueron en accidentes de tráfico, seis por caída de altura y cuatro por atrapamiento, donde el director general expresó la preocupación por las caídas en altura. Así, 21 de los fallecidos correspondieron al sector servicios, nueve en la industria, siete en la construcción y cinco en agricultura.

Entre enero y agosto de 2022, se produjeron 17.302 de accidentes con baja laboral, de los que 17.123 fueron leves, 141 graves y 38 mortales, cuyo aumento en este caso explicó que se debió a patología no traumática como infartos e ictus y accidentes de tráfico.

En la comparativa con España, Castilla y León está por debajo del incremento estatal del 20 por ciento y de incidencia con 228 casos por 100.000 trabajadores sobre los 235 en el país, pero supera la media en los siniestros mortales con 0,433 sobre el registro 0,277 nacional.

El director general lamentó que no se tomaran medidas en las etapas anteriores ante el aumento de accidentes mortales por la caída de altura y subrayó que su departamento ha puesto en marcha campañas de formativas y de información, así como una línea de subvención para eliminar el amianto en las cubiertas.

No se van a "cargar" el diálogo social

El socialista Pedro González consideró que el director general, en un "discurso rancio", realizó una "enmienda a la totalidad" a la política en riesgos laborales realizada por la Junta y su socio del PP en estos años, trasladó su solidaridad con los familiares de los fallecidos y expresó la preocupación por el incremento de los siniestros mortales.

González pidió al alto cargo que no ponga en duda el papel y la legitimidad de los sindicatos y calificó de "grave" que no se cumpla la ley de riesgos laborales, donde compartió que se la dé "una vuelta", pero lamentó que no se haya preocupado por las condiciones laborales del operativo de incendios con la muerte de un bombero forestal.

Además, enlazó los siniestros con la precariedad laboral, por lo que elogió que la reforma laboral eleve los contratos indefinidos, y concluyó con la advertencia de que "no van a conseguir cargarse al diálogo social". A lo que De la Parte respondió que no "pasan" del diálogo social, pero consideró que "no puede condicionar" el trabajo de su departamento. "El dinero está en este asunto", avisó. 

Francisco Igea (Ciudadanos) lamentó que no se publiquen las subvenciones al diálogo social para saber si es "bravuconeria" o real, agradeció que haya buscado las causas de exceso de la mortalidad lo que no han hecho el consejero de Sanidad y pidió que los anuncios no se liguen ya a un impacto positivo, sin una evaluación. "Menos soflama y más número", resumió.

La procuradora Leila Vanessa García (UPL-Soria Ya) incidió en los once fallecimientos más hasta agosto de 2022 y pidió revertir esta situación con un conjunto de medidas para reducir los riesgos y que las empresas sean sitios seguros.

En nombre de Vox, Fátima Pinacho abogó por promover una cultura de la prevención en el trabajo para reducir la siniestralidad, reconoció que los datos no son los más deseables, en particular los siniestros por enfermedades no traumáticas, y respaldó un cambio en las políticas, donde apoyó eliminar las visitas de asesoramiento de los sindicatos a las empresas, algunas "las más caras de la historia".

La procuradora Rosa Esteban (PP) apoyó que se modifique la ley de riesgos laborales aunque reconoció que ha sido positiva, y subrayó que la III Estrategia de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales, Igualdad, Corresponsabilidad y Juventud en el Empleo, 2021-2024, firmad en junio de 2022 debe ser la base de las políticas activas de empleo.

Esteban defendió el diálogo social como herramienta tanto de competitividad como de prevención de riesgos laborales, pidió previsión en relación con la seguridad y demandó que la prevención en salud sea un factor clave en la inversión. "Hay que consolidar el papel de los interlocutores sociales", indicó.

"Pensamos que los accidentes los tendrán otros, el riesgo es real pero las personas no lo hemos asimilado bien, somos una sociedad reactiva en cuanto a riesgos laborales y esa tendencia hay que cambiar", reflexionó en su intervención final. "No hay recorte en riesgos laborales, hay nuevas medidas", zanjó.