La pandemia ha debilitado el movimiento feminista en la calle, pero no el avance de sus causas en la escena social y política, junto a otros debates de género e igualdad. No faltan en los discursos de estos días, ya sea por afinidad ideológica o por rechazo visceral. Y pueden acabar de lleno bajo los focos en pocos días si los resultados del 13-F abren la puerta a la negociación de un pacto de gobierno entre el PP y Vox.
Por de pronto, los populares han asegurado que cuentan con mantener los contenidos de los proyectos de ley cuya tramitación quedó en suspenso por la convocatoria de elecciones, entre los cuales están los de violencia de género y LGTBI. Vox, mientras tanto, si pudiera derogaría hasta el texto vigente de la ley de violencia de género. No en vano, su oposición frontal a cualquier normativa de género le ha permitido atraer al electorado de la corriente antifeminista que se ha generado como reacción crítica al propio movimiento morado.«El movimiento feminista tiene un gran apoyo, no se puede negar y lo vemos en manifestaciones supermasivas, pero es verdad que también existe un rechazo», afirma Elena Gil Moreno, doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Sociología por la USAL, en representación de la Asociación Profesional de Sociología de Castilla y León (Socyl). «Estamos encontrando una reacción y lo vemos por ejemplo en el incremento de votantes de Vox, un partido que está masculinizado, lo cual está muy relacionado con esa corriente antifeminista».
Por otro lado, Gil Moreno considera que, a día de hoy, Castilla y León está más lejos que la mayoría de comunidades de conseguir la igualdad de género: «No sólo porque incumplamos la ley del aborto, que eso ya vemos que pasa en otras comunidades, sino porque la mayoría cuenta con leyes LGTBI, muchas incluso con una ley Trans también, y Castilla y León con ninguna de las dos, lo cual nos deja en un grupo donde sólo están Asturias, Cantabria, La Rioja y Castilla-La Mancha».
La protesta masiva contra el incumplimiento de la ley del aborto, motivada por la imposibilidad de ejercer en los hospitales públicos de referencia el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, se originó precisamente en Castilla y León, tal y como recuerda la representante de Socyl. Concretamente, en las asambleas del movimiento feminista de Salamanca y Burgos. «A partir de ahí se empezó a trabajar a nivel de redes y se acabó destapando el incumplimiento en otras muchas comunidades», y de ahí la reforma de la ley del aborto que prepara el Ministerio de Igualdad.
Pero si hay una causa del movimiento feminista con raíces profundas en Castilla y León es la situación de la mujer en el medio rural. «Sabemos que las mujeres son clave para fijar población, pero se van», lamenta Gil Moreno, «y cuando haces el análisis de por qué, te das cuenta de que tiene que ver con el hecho de ser mujer en el medio rural. Están solas y en muchos casos sobrecargadas de labores de cuidados, especialmente las mujeres jóvenes por cuidar a sus mayores», continúa. «Si por ejemplo sufres violencia de género en el medio rural, no tienes las mismas posibilidades de acudir a un servicio de ayuda a víctimas porque está en la ciudad; o mujeres que son mayores y no tienen independencia para poder coger el coche e irse a denunciar».
Precisamente para marzo prevén presentar Cáritas y la Fundación Foessa el informe que han realizado sobre la cohesión social en Castilla y León, con el cual acreditan la manera en que ha aumentado la brecha de género durante la pandemia. Sobre todo, por cómo la destrucción de puestos de trabajo en profesiones feminizadas ha provocado un mayor empobrecimiento de los hogares encabezados por mujeres. Desigualdad hasta en pandemia.