El informe de 2021 del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el efecto de la crisis sobre los órganos judiciales indica una subida en los litigios relacionados con el mundo laboral pero también con la vivienda.

En la parte laboral se ve un importante aumento tanto en referencia a despidos como a reclamaciones por cantidad. En el caso de los despidos, la información hace referencia a demandas registradas en los Juzgados de lo Social por la  extinción por causas objetivas de los contratos y la impugnación de modificación de condiciones de trabajo o traslados individuales. Fueron casi 200 los asuntos de este tipo que llegaron a los juzgados abulenses y, aunque sube respecto al año anterior, hubo otros años con más litigios de este tipo. Durante 2020 estos litigios fueron 172, lo que supone que en el pasado año se produjo un aumento de más de un 30 por ciento y aún mayor respecto a otros años.

Las reclamaciones de cantidad se entienden como demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social donde se incluye, igualmente, responsabilidad civil por incumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social, recargo por omisión de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, tercerías en ejecución de sentencias y sanciones disciplinarias. En este caso fueron prácticamente 400 de estas reclamaciones las que llegaron a los juzgados de Ávila, la cifra más alta desde que hay serie histórica y con un aumento de más de un 27 por ciento desde las 312 que se registraron un año antes.

Si en el apartado laboral hay aumento, también en algunos aspectos relacionados con la vivienda. Se nota menos en las ejecuciones hipotecarias, ya que hubo 58 el pasado año y 56 en cada uno de los dos años anteriores. Es, por tanto, una mínima subida y muy lejos de los datos de otros años, con el pico situado en los años 2012 y 2013 donde se registraron 310 ejecuciones de hipotecas en cada uno de los años.

Donde sí se ve un importante aumento es en los lanzamientos, es decir, los bienes inmuebles donde se acuerda la entrega del mismo (cambio en la posesión) y que se producen, por ejemplo, por ejecuciones de hipotecas o por alquileres. Se incluyen en la estadística tanto los que están en fase de ejecución como la propia entrega o cuando se produce de forma voluntaria. 

En Ávila el pasado año se contabilizan 135 de estos lanzamientos, lo que supone prácticamente duplicar el dato del año anterior, cuando fueron 77. Es cierto que la cifra de 2020 había sido muy baja si se compara con lo que estaba sucediendo en años anteriores. Por ejemplo, en 2019 hubo 192 lanzamientos y en 2019, 224.

De los lanzamientos, 49 fueron por ejecuciones de hipotecas, de nuevo con incremento respecto a los 29 de un año antes y en cifras más parecidas a los de años anteriores. También hay un importante aumento en los lanzamientos que derivan de la ley de arrendamientos urbanos (alquiler), con 82 durante 2021, prácticamente el doble respecto a los 47 registrados en 2020.

Dentro de este ámbito de la vivienda se encuentran también las cláusulas suelo, como litigios que llegaron a los juzgados y cuyos datos se contabilizan desde 2019. En el último año ingresaron 339 reclamaciones por este tipo de cláusulas en hipotecas, dentro de un año en el que se resolvieron 333 y 252 permanecían en trámite al cierre del año. En el anterior habían ingresado en los juzgados 289, lo que quiere decir que también en este apartado se vio una mayor actividad judicial.

Uno de los últimos indicadores que se han unido al informe del Consejo General del Poder Judicial es el denominado verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, es decir, las demandas cuando ocupan una casa. Ingresaron 14 de estos asuntos durante el pasado año por los seis que hubo en 2020. Además, durante 2021 se resolvieron nueve de estas demandas y ocho quedaron en trámite.