Adjudicadas obras de rehabilitación de la zona de San Vicente

E.Carretero
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Con una inversión de 1,6 millones de euros y un periodo de ejecución de un año, el proyecto busca la adecuación de estos espacios para la implementación de zonas peatonales y mejora de la accesibilidad

Adjudicadas obras de rehabilitación de la zona de San Vicente

El Ayuntamiento de Ávila ha adjudicado las obras de rehabilitación y acondicionamiento de media docena de espacios patrimoniales situados en la zona de San Vicente. Unas obras que se habían licitado por un presupuesto base de 2,46  millones de euros y que finalmente se adjudicarán por algo más de 1,6 millones a la empresa BIC Restauración y Conservación, según se acordó este jueves en Junta de Gobierno Local. 

El proyecto, que tiene un plazo de ejecución de un año, pretende actuar en las plazas de Italia, Nalvillos y San Vicente y en las calles San Segundo, Teatro, Eduardo Marquina, Los Leales y Arturo Duperier y aunque inicialmente el Ayuntamiento de Ávila asumirá este presupuesto la actuación «es susceptible» de contar con financiación europea en este caso a través de Fondos NextGeneration. De hecho, el teniente de alcalde de Presidencia y portavoz del equipo de gobierno, José Ramón Budiño, explicó que el Consistorio abulense ya solicitó el pasado mes de octubre esta cofinanciación que, afirmó, «todo parece indicar será favorable».

La actuación, indicó Budiño, plantea «como objetivos fundamentales la mejora de la accesibilidad, la regeneración socioeconómica de la zona y la creación de una zona de esparcimiento y recreo para vecinos y visitantes», a la vez que con estas obras también se persigue «la mejora de la escena urbana, renovando y modernizado también las instalaciones y optimizando la instalación eléctrica». Estas actuaciones, apuntó Budiño, van a permitir también reducir el consumo energético y a favorecer la disminución de emisiones de CO2. No en vano, este proyecto, señaló el portavoz del equipo de gobierno, está muy relacionado con el Plan de Movilidad Urbana que busca una ciudad con zonas de bajas emisiones en las que el peatón tenga mayor protagonismo y se posibilite la reducción de vehículos rodados.  

Aunque fue el más importante no fue éste el único asunto que este jueves se llevó a Junta de Gobierno Local en la que también se adjudicó el servicio de mantenimiento y socorrismo en la piscina cubierta  de la ciudad deportiva sur así como el servicio de taquilla de la piscina de verano de estas mismas instalaciones, a la vez que el control de acceso y celaduría del CUMCarlos Sastre, a la empresa Woody Events por 264.127,60 euros. Un contrato que se realiza por un periodo de ocho meses y hasta el próximo octubre que es cuando el Ayuntamiento de Ávila espera poder licitar de forma conjunta estos servicios junto con los de la zona deportiva del Seminario, tal y como explicó Budiño en la rueda de prensa posterior a la reunión de Junta de Gobierno en la que también se aprobó el expediente de licitación del servicio de control de la población de palomas doméstica por un presupuesto de 27.700 euros y por un periodo de ejecución de un año. 

Igualmente este jueves se dio el visto bueno al gasto correspondiente a las cuotas de pertenencia de Ávila a la Spain Convention Bureau, por importe de 3.515 euros, y la Spain Film Comision, por 1.210. 

También se dio el plácet municipal a la adhesión del Ayuntamiento de Ávila a la Hora del Planeta, que se celebrará el 25 de marzo entre las 20,30 y las 21,30 horas, tramo en el que apagará la iluminación ornamental de la Muralla de Ávila. 

Igualmente, se propuso la resolución del contrato de las obras de construcción de una edificación auxiliar para albergar almacenes y oficinas en el complejo deportivo Manuel Sánchez Granado, proyectada junto a las pistas de tenis y adjudicadas en su día a la empresa Normetal Construcciones Modular S. L por 94.380 euros y por un periodo de ejecución de cuatro meses si bien la referida empresa solicitó una prórroga de otros cuatro más que el Ayuntamiento concedió aunque finalmente la sociedad ha solicitado la resolución del contrato alegando «problemas con los materiales y diferentes complicaciones técnicas para poder ejecutar las obras», como apuntó Budiño que explicó que ahora los servicios jurídicos municipales estudiarán las medidas jurídicas que se puedan adoptar derivadas de la rescisión del contrato.