La Junta reitera que la línea Barco-Piedrahíta es estatal

I.Camarero Jiménez
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José Francisco Hernández Herrero, anuncia una reunión a la que invitarán a la plataforma para explicarles entre otras cosas los encuentros que se han mantenido sin contar con la Administración Regional porque "a nosotros solo nos invitan a pagar"

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La Junta de Castilla y León se ha dirigido al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para insistir en que la competencia de la gestión del servicio público de transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Aldeanueva del Camino, Cáceres y Madrid (VAC-247) es competencia del Gobierno de España. A este respecto, un «sorprendido» delegado de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, recordaba que en ese servicio se enmarca el transporte de la zona de El Barco y Piedrahíta que afecta a 38 localidades abulenses y que desde la Junta estarían dispuestos a gestionarlo pero siempre con financiación estatal. La sorpresa era por el hecho de que desde el Gobierno de España «se nos acusa de falta de compromiso» con esa línea que, insiste «es de titularidad estatal». «Está bien que haya un acuerdo entre compañías concesionarias y que el Ministerio remita a la Junta para que financie» pero eso compete al Ministerio.Es algo que, afirma «conocen» en la plataforma en defensa del transporte en esa zona, pero aún así «haremos una reunión específica», entre otras cosas para «exhibir que la Junta se compromete con el transporte». A esa cita, que será en unos días o semanas (ya en septiembre), asistirán, dijo, «el presidente de Diputación, el delegado de la Junta, la directora general de Transportes e invitaremos a la plataforma para relatar las reuniones que se han mantenido en ausencia de la Junta » y es que «a nosotros sólo se nos invita a pagar», decía.

En otro orden de cosas sacaba a colación el hecho de que  la Junta mantiene servicios de transporte en Castilla y León, «a pesar de que prácticamente el 100% son deficitarios». Se mantienen, explicó, 90 líneas que en 2021 supusieron un gasto de 27,5 millones de euros. El problema, en cualquier caso «lo debe resolver el Ministerio» pues afecta a dos comunidades.