El Tribunal de Sesiones de Edimburgo avaló este viernes la legalidad del acuerdo del Brexit alcanzado entre el Gobierno británico y la Unión Europea (UE).

La máxima institución judicial de Escocia rechazó la demanda presentada por el activista antibrexit Jo Maugham, que pedía al tribunal que emitiese un interdicto para paralizar la votación sobre el tratado de retirada, prevista para mañana sábado en el Parlamento de Westminster.

Los demandantes esgrimían que el acuerdo del Brexit es ilegal porque vulnera la legislación fiscal de Reino Unido, ya que prohíbe que Irlanda del Norte forme parte de un territorio aduanero distinto al del conjunto de Reino Unido, según informa BBC. 

Su intención era que la Justicia adoptara medidas cautelares para impedir que el nuevo acuerdo se votase en el Parlamento. "He concluido que la solicitud de una medida interina es injustificada", ha considerado la corte de Edimburgo tras la audiencia que se ha celebrado este viernes. 

"Como dije ayer, teníamos que tomar una decisión (...) rápidamente o no hacer nada porque una vez que el Acuerdo de Retirada llegue al Parlamento es imposible impugnarlo. Era una decisión difícil (...) y el tribunal ha decidido que fue la errónea", ha dicho en Twitter, Jolyon Maugham, uno de los abogados que impulsó la acción legal. "Revisaremos la resolución detalladamente pero mi instinto me dice que es improbable avanzar" con este caso, ha indicado. 

Londres y Bruselas cerraron el jueves un acuerdo que modifica únicamente la parte relativa al Úlster para deshacerse del llamado 'backstop', el mecanismo de emergencia ideado por el anterior Gobierno de Theresa May y la UE para evitar que con el Brexit se volviera a una frontera dura entre Irlanda e Irlanda del Norte  

Los líderes de la UE ya han dado el visto bueno al nuevo acuerdo y la Eurocámara ha declarado que está lista para ratificarlo, si bien el principal obstáculo es Westminster, que rechazó hasta tres veces el pacto anterior. 

El primer ministro británico ha reiterado que el Brexit se producirá el próximo 31 de octubre, tal y como está prevista, con o sin acuerdo, desplazando así al Parlamento la responsabilidad de una ruptura caótica.