UGT mantuvo este lunes una reunión con el subdelegado del Gobierno en Ávila, Arturo Barral, para mostrar su preocupación por la situación del Juzgado de lo Social. A la reunión, en representación de UGT, acudieron el secretario general provincial, el secretario general de la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT y el responsable del Sector de Justicia Regional de FESP-UGT.
Según recordaron desde UGT, a día de hoy dicho juzgado sigue sin tener juez asignado y por tanto los expedientes se siguen acumulando sin resolución. Yprecisan que «ningún juicio pendiente se está celebrando debido a que es el único Juzgado de lo Social del que dispone la provincia de Ávila. Solamente se está procediendo a realizar los trámites judiciales ordinarios previos a la celebración de las vistas».
Según se calcula desde este sindicado, «podríamos estar hablando de bastantes más de 200 expedientes que siguen a la espera de que el nuevo juez o jueza que se incorpore a la plaza los tramite. Ello va a ocasionar meses de retraso en la resolución de las demandas planteadas. Algunas de las cuales tienen una tremenda repercusión en la vida personal de los trabajadores/as».
En el transcurso de la reunión comentaron con el subdelegado la incidencia que va a tener esta situación no solamente en los trabajadores afectados por sanciones, despidos, etc., «si no también la segura repercusión negativa en los funcionarios de la provincia de Ávila, tanto del propio juzgado como de otros organismos como el Fogasa o SEPE».
Por parte del subdelegado se les trasladó que comparte la preocupación por la situación pero que «tiene el convencimiento de que la situación se va a solucionar en un breve espacio de tiempo». A su vez, se comprometió a ponerse en contacto con los responsables que corresponda del poder judicial para informarse de la situación real a día de hoy y las previsiones para su solución, ya que la Subdelegación del Gobierno no tiene ningún tipo de competencia en el nombramiento de los jueces y juezas de nuestro país que dependen directamente del Consejo General del Poder Judicial.