En medio de una profunda división interna dentro del PSOE y un aumento de las discrepancias con Unidas Podemos por la ley trans, especialmente después de que los socialistas propiciasen un retraso en la tramitación de la misma a principios de esta semana, la futura norma sigue levantando ampollas en el seno del Gobierno.
Ante el enfado mostrado por la formación morada, el colectivo LGTBI y el Ministerio de Igualdad ante la última ampliación del plazo para presentar enmiendas al proyecto, el grupo socialista quiso mandar un mensaje tranquilizador y aseguró que no tocará uno de sus ejes principales: la autodeterminación de género en la normativa que regula el derecho a cambiar el sexo registral sin necesidad de tratamiento, testigos, informe médico o psicológico, tal y como se exige en la actualidad.
El proyecto establece que el cambio de sexo registral se podrá realizar a partir de los 12 años: entre 12 y 14 años se necesitará aprobación judicial; entre 14 y 16, la asistencia de padres o tutores; y a partir de los 16 no habrá limitación.
El alcance de la controvertida ley divide al movimiento feminista y a una parte del PSOE, que duda de la equiparación de la violencia de género con violencias que se registran dentro del colectivo LGTBI, al tiempo que alerta de que esa norma «puede destrozar la potente legislación de igualdad» que existe en España, como advirtió recientemente la exvicepresidenta del Gobierno y también extitular de Igualdad, Carmen Calvo.
Según fuentes socialistas, su objetivo es «dar seguridad jurídica a la ley», porque están convencidos de que el PP y la ultraderecha la recurrirán ante el Tribunal Constitucional. «El legislativo puede mejorar la ley y hacerla más robusta ante esos ataques de los que son verdaderos enemigos de los derechos de los colectivos», subrayaron.
«Lo que no es de recibo es que ningún texto legislativo se plantee desde la confrontación entre partes de la sociedad tan importantes como es la lucha por la igualdad o la lucha por los derechos LGTBI», explicó ayer la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, una postura que defienden también las ministras Pilar Llop, Nadia Calviño e Isabel Rodríguez.
Mientras, Podemos, socio del PSOE en la coalición de Gobierno, y el Ministerio de Igualdad siguen manifestando su incomprensión y volvieron a instar a acelerar la tramitación de la norma.
En este sentido, la titular de Igualdad, Irene Montero, aseveró ayer que no permitirá «ningún retroceso» respecto a lo pactado y reconoció que vive con «muchísima preocupación» el retraso en la tramitación de esta norma.
En una entrevista, la ministra lamentó que el PSOE y el PP hayan decidido ampliar en una semana el período de enmiendas al proyecto porque eso supone «poner en riesgo que pueda ser aprobada antes de finales de año». «Los derechos de las personas trans no pueden esperar. Tenemos una deuda, la vamos a saldar y espero que podamos hacerlo antes de que se acabe el año», afirmó Montero.
En la misma línea, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, reclamó a Pedro Sánchez «rapidez» en la aprobación de la ley y recalcó que no puede haber «ni un paso atrás».
Críticas de la oposición
Y mientas la tensión en el Gobierno crece, las críticas tampoco paran de aumentar fuera del Ejecutivo.
Así, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que la norma es «una frivolidad que afecta a los derechos de las mujeres y de la infancia» y se comprometió a derogarla si consigue gobernar, alegando que el proyecto legislativo «no debe aprobarse en ningún caso».
Desde Ciudadanos, el portavoz adjunto del partido en el Congreso, Edmundo Bal, tachó de «bochornosa» la «guerra interna» del PSOE y acusó a Irene Montero de alentar el enfrentamiento por interés político.