Las entidades locales de la provincia de Ávila recibirán algo más de 2 millones de euros, 2.177.626,28 euros exactamente, de la compensación del IVA que dejaron de percibir en 2017. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó  este miércoles una Orden de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, por la que se determina el importe que percibirán las entidades locales como compensación por este concepto, como consecuencia de la implantación del Suministro Inmediato de Información (SII), aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy, según informó el departamento ministerial.

La Orden establece la forma de pago y el importe correspondiente y cumple lo establecido en los Presupuestos Generales del Estado de 2022, donde se consigna una partida presupuestaria específica para esta circunstancia, destinada tanto a Comunidades Autónomas como a Entidades Locales.

En el caso de la Orden de entidades locales se establece el importe de la compensación, así como el de los intereses legales, de forma que el total que percibirán las Administraciones Locales afectadas, intereses incluidos, se cifra en 496,6 millones de euros. La compensación se hará efectiva el 31 de marzo y beneficiará a 8.125 ayuntamientos y 60 diputaciones y entidades similares, la totalidad de Entidades Locales que participaron en tributos del Estado en 2017.

En el caso de la provincia de Ávila, la Diputación de Ávila cobrará 1,4 millones de euros;el Ayuntamiento de Ávila percibirá 350.000 euros, mientras que entre el resto de municipios de la provincia se repartirán 404.222 euros.

En Castilla y León se repartirán 31 millones de euros. Así, las nueve diputaciones provinciales recibirán 17,6 millones de euros, de los que el cinco por ciento, en torno a un millón, son intereses devengados desde el 7 de febrero de 2020 al 31 de marzo de 2022. Así, en total, la Diputación de Ávila cobrará 1,4 millones; la de Burgos, 2,3; la de León, 3,6 millones; la de Palencia, 1,6; la de Salamanca, 2,3 millones; la de Segovia, 996.000 euros; la de Soria, un millón de euros; la de Valladolid, 2,2 millones; y la de Zamora, dos millones de euros.

Por lo que respecta a las capitales de provincia, que cuentan con un sistema de cesión de impuestos y fondo complementario, totalizan 7,5 millones: Ávila (350.000 euros), Burgos (1,1 millones), León (un millón de euros), Palencia (555.000 euros), Salamanca (1,1 millones), Segovia (386.000), Soria (231.000 euros), Valladolid (2,2 millones) y Zamora (441.000 euros).

Por último, el resto de municipios de la Comunidad, los más pequeños, se encuadran en el sistema general. Son todos aquellos menos las propias capitales. Así, los que más fondos se repartirán por este concepto son los de León y Valladolid, con 1,1 millones de euros en cada provincia. Le siguen los de Salamanca, con 883.621 euros; Burgos, con 850.962 euros; los de Segovia, con 463.637; los de Zamora, con 422.452 euros; los de Ávila, con 404.222; los de Palencia, con 335.986; y los de Soria, con 177.527 euros.

La cuantía correspondiente a cada una de las entidades se ha publicado en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales, en la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública. La normativa indica que, una vez efectuadas las transferencias, si éstas no reintegran el importe ingresado en el plazo de dos meses, se considerará aceptada la compensación.

Plazo para reclamar. La Orden contempla, asimismo, que los ayuntamientos que hayan iniciado una reclamación judicial tendrán de plazo hasta el 28 de febrero para emitir un certificado que incluya un acuerdo del Pleno municipal de desistimiento del procedimiento abierto y enviarlo al Ministerio de Hacienda y Función Pública. Por otra parte, el Ministerio de Hacienda y Función Pública tiene previsto aprobar en breve la Orden de compensación por este concepto a las Comunidades Autónomas, que recibirán las cantidades en el primer trimestre de este año, como ya adelantó María Jesús Montero, y por el que Castilla y León recibirá casi 200 millones de euros tras judicializar esta situación.

El problema generado en el cobro del IVA por el anterior Gobierno al aplicar provocó efectos en la liquidación de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado de 2017, que se llevó a cabo en 2019 y les supuso la percepción de un importe menor de recursos de los que les habrían correspondido.