El programa 'Rehabitare', impulsado por el Gobierno autonómico, ha restaurado ya 30 viviendas en la provincia de Ávila, con una inversión cercana a 1,5 millones de euros, y ahora llegará a otros ochos municipios gracias a los más de medio millón de euros que compromete la Junta. Los municipios beneficiados son San Juan del Olmo, Cabezas del Villar, Pedro Rodríguez, Santa María de los Caballeros, San Martín de la Vega del Alberche, Cardeñosa, Mingorría y Gavilanes, después de que el delegado de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, el presidente de la Diputación, Carlos García, y los alcaldes de estas localidades firmaran este martes los correspondientes convenios.
Tres de los convenios se han suscrito entre la Junta, la Diputación y los ayuntamientos para financiar, con el apoyo de los fondos Feder, las reformas de una vivienda en San Juan del Olmo, otra en Cabezas del Villar y otra en Pedro Rodríguez, cada una con un presupuesto cercano a los 50.000 euros y con este primer semestre del año como plazo de ejecución. Las cinco actuaciones restantes estarán subvencionadas por la Junta con fondos Feder y contemplan la restauración de inmuebles para una vivienda de alquiler social en Santa María de los Caballeros (95.000 euros), San Martín de la Vega del Alberche (90.000 euros), Cardeñosa (95.000 euros, dos viviendas), Mingorría (más de 46.000 euros) y Gavilanes (cerca de 50.000 euros), todas con la previsión de ejecutarlas en este semestre.
Las administraciones (en el primer caso la Junta y la Diputación y en el segundo la Junta) se comprometen a abonar los honorarios de los proyectos y estudios de seguridad y salud, a contratar las obras asumiendo (en colaboración con Feder) el pago de su coste total y también a la contratación del equipo técnico encargado de su dirección técnica.
Por su parte, los ayuntamientos beneficiarios de 'Rehabitare' determinan las familias que ocuparán las viviendas, con preferencia de los colectivos de especial protección referidos en la Ley del Derecho a la Vivienda de la Comundiad de Castilla y León, esto es, familias numerosas, personas dependientes o con discapacidad, mayores de 65 años, menores de 35 años, víctimas de violencia de género y terrorismo, unidades familiares en riesgo de exclusión social o deudores hipotecarios. Los consistorios también determinan el precio del alquiler, con la condición de que éste no exceda de una tercera parte de los ingresos de la unidad familiar ni se superen los dos euros por metro cuadrado útil.
El objetivo del programa es la recuperación de aquellas viviendas de titularidad municipal que se encuentran abandonadas y cuya rehabilitación y recuperación resulta interesante para el desarrollo del medio rural, a través del alquiler social. La localización de estos inmuebles, situados en los cascos ubranos, permite contar con todo tipo de servicios.