El juicio previsto para el pasado mes de noviembre en la Audiencia Provincial por el caso de la adjudicación y el desarrollo inicial de las obras de la urbanización Las Damas II y III –paralizadas desde hace más de diez años–, y que fue pospuesto por la incomparecencia del ex alcalde de Peguerinos, uno de los entonces cinco acusados, arrancó este martes y continuará esta semana. Junto a L.A.E.H., regidor de la localidad en la década pasada, se sentaron en el banquillo el adjudicatario de la obra, de iniciales L.A.M.P., el arquitecto encargado de la dirección de la obra, F.Y.C., y la administradora única de la empresa que fue subcontratada y que a su vez es la hermana del ex alcalde, M.E.H.
Después de que se retiraran los cargos contra una quinta persona, los cuatro se enfrentan a penas de hasta seis meses de prisión, además de inhabilitaciones, multas e indemnizaciones, en el caso del ex alcalde por delitos de prevaricación, falsedad, estafa y malversación y para el resto, por falsedad en concurso con estafa y cooperación necesaria en fraude y malversación. La acusación particular, en manos del Ayuntamiento de Peguerinos, rebaja la petición de penas a 4 años y eleva la petición de indeminización a 1,2 millones, mientras que las defensas manifiestan su disconformidad y piden la absolución de sus clientes.
La primera jornada del juicio que trata de aclarar unos hechos que se remontan a 2006, cuando el Ayuntamiento de Peguerinos abrió concurso para las obras de la citada urbanización, comenzó con las versiones de los cuatro acusados, que se declararon inocentes y negaron que existiera una trama para enriquecerse.
El adjudicatario de la obra por 2,4 millones, procedente de un pueblo de Madrid, explicó que subcontrató «parte de la obra» para «ahorrar costes» y dada la «cercanía» de la empresa de M.E.H., que «no sabía que era la hermana del alcalde», dijo, algo de lo que se enteró «meses después». Después de reconocer que «se suele subcontratar algo más» de lo que dice el contrato (impide superar el 50%) y que no recordaba haber presentado la documentación de la subcontrata, asumió haber entregado a esta empresa casi el 100% del dinero que recibió el Ayuntamiento, 1,6 millones, para el buen desarrollo de la obra, aunque su empresa realizó «la parte final» de la misma. L.A.M.P también reconoció que «probablemente pueda haberse certificado más de lo ejecutado» y defendió que la obra se paralizó y se abandonó por culpa de la nueva alcaldesa, sin que se llegara a rescindir el contrato.
El arquitecto declaró que la hermana del ex alcalde «traía rellenadas» las certificaciones que él tenía que firmar y que lo hacía después de hacer «un recorrido visual» por la obra. Sobre las diferencias entre lo certificado y lo ejecutado, habló de «documentos provisionales» que se pueden ir ajustando y, de hecho, apuntó que en la certificación número 9, la última que firmó, plasmó una diferencia negativa de 275.000 euros tras un exhaustivo trabajo de mediciones para dejar «una foto fija de la obra en el momento de la paralización». Además, dijo que las paralizaciones de la Junta hicieron un «daño terrible», que la obligación de aumentar las parcelas fue «una barbaridad» y que el 'nuevo' Ayuntamiento «no colaboró en nada», todo ello antes de reconocer que había cobrado de la consultora para la que hacía el trabajo unos 95.000 euros en cinco facturas durante 6 años, lo que incluía gastos de personal.
Certificaciones «reales»
La hermana del ex alcalde sostuvo que «hasta pasados unos meses no supo que el Ayuntamiento promovía la urbanización» para la que acababa de ser contratada por la empresa de L.A.M.P y defendió que ella no redactó ninguna certificación, sino que «le entregaba la información de las unidades de obra» a un colaborador del arquitecto y que luego hacía de 'intermediaria' entre el resto de las partes para que las firmaran. En cualquier caso, dijo que «no se hacían al tuntún» y que se correspondía con la realidad, achacando el desfase existente con los informes de los peritos a que no hubieran visto «toda la obra». Sobre el dinero percibido, negó que fueran 1,6 millones y asumió que podrían rondar los 1,3, después de decir que no recordaba la cantidad exacta. «Esa obra en lugar de enriquecerme me arruinó», dijo aludiendo a préstamos pendientes.
El ex alcalde declaró que se enteró «tres meses después» de que el adjudicatario había subcontratado a la empresa de su hermana, con la que «tenía mala relación», y que entonces dijo «que no quería saber nada» de eso. L.A.E.H. se remontó al año 1971 y a los problemas existentes con los titulares de las parcelas para justificar que el Ayuntamiento contratara a una consultora (de la que se fiaban, dijo) para llevar el tema de la urbanización. También explicó que él firmaba las certificaciones tras el visto bueno de Intervención y el tesorero (también del arquitecto de la consultora), que visitaba «con frecuencia» la obra y que pagaban directamente al constructor «con el dinero de las cuotas de los parcelistas», de manera que el Consistorio no había puesto «ni un duro» de dinero público. Además, apuntó que cuando dejó de ser alcalde por resultar inhabilitado «la obra estaba avanzada».