Qué quiere que le diga: me alegra que la reforma laboral (o lo que sea) haya salido adelante, después de un debate absurdo que velaba la realidad: era casi lo mismo, esto que defendían tan encarnizadamente en el Gobierno socialista, que lo aprobado en 2012 por el PP, que ahora lo combate tan tenazmente. Es, ejem, la insoportable levedad de la política española. Pero lo que me preocupa más es el deterioro institucional enorme en el que se ha producido esta absurda victoria, o esta esperpéntica derrota, según de qué lado se mire.

El Parlamento, como los órganos judiciales, ha de ser un sitio hacia el que la gente mire con respeto, segura de que allí no se producirán contrafueros, trampas ni abusos de ley. Cuando un diputado quiere votar 'no', debe respetarse su voluntad, aunque el dedo se le haya disparado hacia el botón equivocado; o que, cuando quiere protestar porque no le gusta que su partido haya elegido a la persona errónea --claramente errónea-- como magistrado del Tribunal Constitucional, pueda hacerlo con su voto negativo, diga el 'aparato' de su partido lo que diga.

O que cuando los jueces dicen que un proyecto de ley de vivienda no se ajusta a la normativa legal, el Gobierno lo respete porque sabe que los jueces se atienen exclusivamente a un criterio legalista, si usted quiere, pero conforme a la normativa, y no a un afán de 'vendetta' contra el Ejecutivo. O que cuando desde la Fiscalía se imparten determinadas instrucciones se hace no por favorecer los intereses del Gobierno de turno, sino por lo mismo de antes: porque así lo reclaman la razón y el Derecho, quizá por este orden.

Nada de esto está ocurriendo, y la confusión e inseguridad jurídica en las que vive la ciudadanía son notables. El Gobierno --porque el Gobierno es, en el fondo, quien lo hace-- designó a doña Dolores Delgado, que salía del Ministerio de Justicia, fiscal general del Estado, y a doña Meritxell Batet, que tanto había apoyado a Pedro Sánchez en sus momentos difíciles, presidenta del Congreso, el tercer puesto en el protocolo del Estado. A la vista están los resultados: la Fiscalía ha perdido cualquier atisbo de prestigio. Y la Cámara Baja --de la Alta ya ni hablamos, por inoperante-- se ha convertido en sede de reyertas que van mucho más allá, o se quedan mucho más acá, de lo que debería ser un debate político de altura en torno a proyectos de ley en beneficio del país.

Hay un claro abuso del Ejecutivo cuando de sus relaciones con el Ejecutivo y el Judicial se trata. Y hay una manipulación por parte de la oposición en lo tocante al Consejo del Poder Judicial, cuya influencia sobre la mayoría el PP quiere mantener. Hay un desprecio al espíritu del reglamento del Congreso --ya va siendo hora de reformarlo, por cierto-- por parte de la 'mayoría Frankenstein' que sustenta al Ejecutivo. No hay precedentes, hasta donde recuerdo, en esta lapidación de Montesquieu, ni siquiera cuando Alfonso Guerra, personaje con ribetes a veces no muy democráticos, decía que 'Montesquieu ha muerto'.

Es preciso, por el contrario, hacer revivir a Montesquieu. Porque espectáculos como el que vivimos en el Congreso el pasado jueves, o sesiones de control dedicadas a hacer pura y dura campaña electoral, o que el Consejo del Poder Judicial lleve tres años, tres, sin renovarse y aquí no ha pasado nada, o el cambalache para repartirse desde los partidos los puestos en el Tribunal Constitucional, son cosas que no deberían ocurrir en una democracia sana. Y menos aún con la benevolente complacencia de una sociedad civil anestesiada, atenta a cosas mucho más perentorias o, directamente, a bobadas eurovisivas diversas y alienaciones semejantes. Esto, simplemente, no puede seguir así: hay que cambiar el chip nacional antes de que sigamos sintiendo el sonrojo sobre nuestras frentes, sesión parlamentaria tras sesión parlamentaria. Porque Delgado y Batet no son las culpables, sino meros síntomas de una situación.