Entre finales de 2020 y principios de 2021 la Policía Nacional llevó a cabo una investigación en la capital abulense tras identificar una vivienda en la que al parecer se vendía droga, cocaína fundamentalmente, como así se llegó a confirmar posteriormente. La investigación se saldó con la detención de cuatro personas, tres varones y una mujer, acusados todos ellos de un delito contra la salud pública. Este miércoles los cuatro  fueron juzgados en la Audiencia Provincial. 

Tal y como se pudo comprobar durante la investigación policial, la venta de las sustancias estupefacientes corría a cargo principalmente de dos de los acusados, R. N. V. Á y F. J. P. P, para los que la Fiscalía pedía las penas más elevadas, y que en esas labores eran ayudados por otras dos personas, un hombre y una mujer, de su entorno próximo. Todos ellos se dedicaban a la distribución de droga al por menor en la capital abulense, de modo que la Policía Nacional incautó algo más 400 gramos de cocaína durante el registro de una vivienda y otros 30 gramos en otro domicilio. También se incautó durante la operación dinero y tres balanzas de precisión.  

Aunque la petición inicial de la Fiscalía implicaba penas de hasta cinco años de prisión y multas de 60.000 euros para dos de los acusados, finalmente fiscal y defensas llegaron a un acuerdo que permitió rebajar las condenas. Un acuerdo, explicó el fiscal jefe provincial de Ávila,  Francisco Javier Rojo López, basado en «reconocer la condición de toxicómano a dos de los acusados». 

Así, tanto para R. N. V. Á como para F. J. P. P,  la Fiscalía solicitaba inicialmente cinco años de prisión y multa de 60.000 euros que tras la conformidad de las partes fueron condenados a tres y dos años de prisión, respectivamente, y al pago de una multa de 28.000 euros en ambos casos. En el caso del segundo de ellos en esa rebaja de pena el fiscal tuvo en cuenta la atenuante de adicción a sustancias tóxicas, circunstancia que no concurre aplicar en el caso del otro acusado. 

Respecto a los otros dos acusados, R. M. C y A. M. C, que actuaban como «cómplices» de los dos anteriores en la venta de drogas, la Fiscalía pedía una pena de dos años y tres meses de prisión y una multa de 15.000 euros en cada uno de los casos, petición que finalmente rebajó a un año y seis meses de prisión y 14.000 euros de multa. Para el segundo de ellos también aplicó la Fiscalía en su propuesta de penas la atenuante de toxicomanía. 

No se opuso el fiscal a la petición de las defensas de suspender la pena privativa de libertad en el caso de tres de los acusados, los dos condenados por su condición de cómplices y en el de R. N. V. A, por su condición reconocida de toxicómano y con el compromiso de someterse a un tratamiento de rehabilitación supervisado por el Tribunal. En el caso del cuarto acusado, F. J. P. P., la Fiscalía se opuso a suprimir la pena privativa de libertad por no concurrir en el acusado ésta ni otra circunstancia que permita aplicar esta medida.