Los cazadores españoles han elaborado un dossier con las consecuencias que, entienden, tiene el anteproyecto de ley de protección, derechos y bienestar de los animales para su actividad, señalando una treintena de puntos que, a su juicio, hacen peligrar la caza en España.

El consejo de Ministros aprobó el pasado 1 de agosto en segunda vuelta el texto que ya ha remitido a las Cortes para que se tramite por el procedimiento de urgencia y este es uno de los asuntos que aborda el dossier elaborado conjuntamente entre la Real Federación Española de Caza y la Fundación Artemisan.

En el documento, consultado por Efeagro, indican que este tipo de tramitación "limita" la participación de la sociedad y de las entidades afectadas, "precisamente cuando se trata de normativas que han recibido el rechazo de juristas, científicos, expertos, sectores afectados e incluso de las asociaciones ecologistas".

Además, ambas entidades destacan que supone un uso "torticero" de un procedimiento "reservado a asuntos que, por su entidad, merezcan este tratamiento diferenciado".

Más allá del procedimiento elegido por el Gobierno, las dos asociaciones critican el proyecto normativo en una serie de puntos:

-Artículo 1.3 sobre ámbito de aplicación, al entender que lleva a que "todos" los animales auxiliares de caza (perros, hurones y aves de cetrería) queden sujetos a esta ley.

-Artículo 3.a sobre definición de animal compañía, porque creen que se equipara a las aves de cetrería, a un reclamo de perdiz o a un hurón con los animales domésticos; además de aplicarse a todos los tipos de perros, con independencia de su destino (de caza, de rehala o de pastoreo).

-Artículo 3.e recoge la definición de animal abandonado y "podría entenderse que un perro de caza que se aleja de su dueño sea considerado" como tal con la "consiguiente sanción por infracción grave".

-En el artículo 3.y, sobre la definición de maltrato, los expertos de ambas entidades creen que al no excluirse los animales auxiliares de la caza, "se considerará maltrato muchas de las acciones cinegéticas que son propias de la actividad".

-Los artículo 25 y 27, sobre prohibiciones y prohibiciones específicas, en los que la RFEC y Artemisan entienden que prohíben el tiro al pichón o el silvestrismo cuando el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 "no tiene competencias"; se veta además la posibilidad de tener los perros de caza en patios, algo "muy habitual", o el entrenamiento de galgos, "permitido en otras leyes de bienestar autonómicas".

-Entre las obligaciones, critican que el artículo 82 obligue a todos los perros de rehala y de caza a llevar un GPS porque eso será "una carga económica inasumible" por "muchas" rehalas que "tendrán que cesar su actividad"; algo que también se pide para las aves de cetrería.

-También lamentan que el artículo 42 sobre colonias felinas proteja al gato asilvestrado "en contra" de la opinión de "toda la comunidad científica" o que el artículo 70 "abra la puerta a la prohibición de documentales de caza a efectos de mantener a los animales dentro de su rango de confort".

Por otro lado, en cuanto a la reforma del Código Penal, ambas entidades coinciden en que incluye penas "desproporcionadas" y en que, al extender la tipificación del maltrato animal a todos los animales vertebrados, "pone en serio peligro la caza, la pesca y otras actividades de gran importancia para el mundo rural".

Este dossier ha sido elaborado para que los partidos políticos, las autonomías y los ciudadanos "tengan información real de las consecuencias que tendría la aprobación de esta normativa y se opongan a unos proyectos que no persiguen el bienestar de los animales, sino contentar a un sector animalista minoritario y radical".